Más de 25 dirigentes de la región Puno que participaron en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte son investigados ahora por la Fiscalía, por la presunta comisión de los delitos contra la tranquilidad pública, la paz pública, disturbios y lesiones.
El fiscal de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Román, Harold Rudy Supo Pilco, ordenó a la Policía Nacional notificar a más de 25 dirigentes de la región Puno, los mismos que deberán rendir sus declaraciones por haber participado en las protestas contra el gobierno.
La investigación que se le sigue a los dirigentes es por las protestas suscitadas entre el 7 y 9 de enero en los exteriores del aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca, donde cerca de 20 personas perdieron la vida durante la represión policial.
-
Recomendados:
- Puno: Turba agrede a juez que emitió medida cautelar que paraliza colegio de alto rendimiento en Juliaca
- Ayacucho: Instalan 32 cámaras de seguridad en Andrés Avelino Cáceres pero solo 21 funcionan
- Loreto: Caos urbano y abandono en zona turística de Iquitos
La mayoría de los dirigentes, entre ellos, Antero Pimentel, Claudio García, Félix Suasaca, Pedro Jallurana, entre otros, no habrían sido notificados para la diligencia.
“Al haber fracasado las investigaciones injuriosas por terrorismo, esta es una nueva arremetida contra la dirigencia, con esto buscan intimidarnos para que ya no levantemos nuestra voz de protesta en futuras manifestaciones”, señaló el presidente de las Cuatro Zonas de Juliaca, Antero Pimentel Esquivias.
Según el abogado, César Quispe Calsín, con este tipo de acusaciones se está sobrepasando los límites constitucionales que vulnera la libertad de expresión y el derecho a la protesta amparados en la jurisprudencia peruana e internacional y que representarían una persecución ilegal.
“Ni siquiera debería iniciarse una investigación”, dijo el letrado.
Para él, la Fiscalía incurre en abusos, por lo que estimó que los investigados podrían revertir el proceso y denunciar al Ministerio Público por el daño emocional que se les está causando.
El abogado cuestionó que no se actúe con la misma diligencia por las muertes ocurridas durante las protestas. Muestra de ello sería que recién en marzo se tuvo acceso a las carpetas fiscales, y que las investigaciones no avanzan desde que se llevaron los expedientes a Lima.
Lee la nota original aquí o visita El Objetivo, integrante de la Red de Medios Regionales del Perú.