La jefa de la Oficina Defensorial I de Puno, Tania Cáceres Ortega, advirtió que la región Puno registra 20 conflictos sociales, de los cuales 17 son activos y 3 latentes, posicionándola como la segunda región con más conflictos en Perú. La minería ilegal y los límites territoriales son las causas principales, aunque tras ellos subyacen intereses económicos y delitos conexos.

La minería ilegal impulsa la violencia en Puno. El caso más reciente ocurrió en Coasa y Limbani, donde dos heridos y enfrentamientos por territorio evidenciaron la alta conflictividad entre comunidades. Cáceres explicó que, aunque se atribuye a demarcación territorial, el fondo es la minería ilegal, vinculada a trata de personas, extorsión y tenencia de armas. «No es solo una lucha por tierra, sino por control de recursos», afirmó.

Defensoría actúa como mediadora, pero sin poder sancionador. La Defensoría interviene como observadora y promueve mesas de diálogo, pero su rol no es vinculante. Cáceres reconoció que, sin aceptación de ambas partes, las soluciones son limitadas. «Nuestra prioridad es proteger a los vulnerables», dijo, tras gestionar el traslado de heridos a centros de salud. Sin embargo, la falta de presupuesto y presencia estatal agrava la crisis.

Conflictos se extienden a Patambuco, Alto Inambari y Carabaya Además de Coasa-Limbani, zonas como Patambuco y Alto Inambari enfrentan disputas similares. En Carabaya, la criminalidad aumentó por la minería, según el Ministerio Público. Cáceres alertó que la policía y fiscalías carecen de recursos para actuar. «Hay delitos conexos que el Estado no logra frenar», advirtió, tras señalar que 21 personas murieron en 2023 durante protestas.

Programa «Rompiendo Cadenas» busca proteger a huérfanos de violencia Ante la orfandad de niños por violencia estatal o feminicidios, la Defensoría lanzó el programa «Rompiendo Cadenas». Este identifica a menores en vulnerabilidad, como los nueve hijos de un interno cuya madre murió por falta de atención médica. Cáceres anunció que ampliarán la cobertura para incluir a víctimas de homicidios y represión policial.

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