“Mis hermanas y mi familia esperamos que, después de casi tres décadas del fallecimiento de mamá, se reconozca la verdad de lo que pasó, que se haga justicia, que se abra una investigación real y exhaustiva, y que el Estado reconozca y repare la afectación que nosotras tuvimos”, expresó Marisela Monzón Ramos, hija Celia Ramos, una mujer víctima de las esterilizaciones forzadas en el Perú, en el gobierno de Alberto Fujimori.

Marisela presentó su testimonio ante los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el primer caso de las esterilizaciones forzadas que llega a este tribunal internacional, y que representa un hito histórico en la búsqueda de verdad y justicia en este caso.

Su madre, Celia Ramos, una mujer de Piura en situación de pobreza, fue sometida a una esterilización sin su consentimiento en julio de 1997 como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, impulsado, ejecutado y supervisado por el gobierno de Alberto Fujimori y sus exministros de salud entre 1996 y 2001.

De acuerdo con el testimonio, a pesar de haberse negado reiteradamente, Celia fue presionada por personal de salud y finalmente intervenida quirúrgicamente sin un consentimiento pleno, libre, previo e informado. Sufrió un paro respiratorio por la medicina suministrada durante la operación que le provocó un coma y falleció 19 días después, sin recibir la atención médica necesaria.

Su caso no es aislado: según el Ministerio de Salud, entre 1996 y 2001 se realizaron más de 270 mil ligaduras de trompas, la mayoría sin garantías de consentimiento. Además, 18 muertes documentadas están vinculadas a estas prácticas, según la Defensoría del Pueblo.

Crimen de lesa humanidad

En la audiencia, las organizaciones peticionarias, incluyendo Demus, CEJIL y el Centro de Derechos Reproductivos, solicitaron a la Corte declarar al Estado peruano responsable por crímenes de lesa humanidad y violaciones a derechos humanos, como el derecho a la vida, la integridad personal, la autonomía reproductiva y la igualdad ante la ley.

También exigieron una investigación exhaustiva, sanciones a los responsables, incluyendo altos funcionarios del gobierno de Fujimori, y reparaciones integrales para la familia de Celia y otras víctimas.

La perita Kimberly Theidon destacó que el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar perpetuó estereotipos de género, discriminación étnica y normas machistas, afectando principalmente a mujeres pobres, rurales e indígenas.

Por su parte, la delegación del Estado peruano también interrogó a la hija de Celia Ramos y adoptó una postura negacionista sobre la existencia de esterilizaciones forzadas sistemáticas en el Perú.

Para Demus y otras organizaciones de derechos humanos, este caso, elevado a la Corte IDH en 2023 tras la falta de avances en las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representa una oportunidad para reconocer la violencia reproductiva como un crimen de lesa humanidad y garantizar la no repetición.

Las organizaciones piden una política de reparaciones para las casi 7,000 mujeres inscritas en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo).

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