La ampliación del Centro Penitenciario de Río Seco ha generado preocupación entre los pobladores del centro poblado del mismo nombre, en el distrito de Castilla (Piura). El proyecto busca aumentar la capacidad del penal, pero implica el desalojo de unas 300 familias, lo que afectaría a más de mil personas, según informó Ronald Sernaqué, presidente de la junta vecinal comunal.

“No somos invasores”

Sernaqué afirma que las familias de Río Seco se asentaron en la zona mucho antes de la construcción del penal. Explica que el poblado se formó tras la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado, cuando los terrenos fueron entregados a la comunidad y a la clase trabajadora.

“Desde ese momento se asentó Río Seco, denominado en ese entonces Fundo Río Seco. Ya en el año 2000 se oficializó como centro poblado. Eso quiere decir que tenemos 25 años como centro poblado y 42 años asentados formalmente en este lugar”, señaló el dirigente vecinal.

El presidente asegura que, según la figura de adquisición por prescripción adquisitiva de dominio, la posesión continua por más de cinco años les otorga legalmente la propiedad, y ellos llevan más de cuatro décadas en el lugar.

Temor a un desalojo sin aviso

Ronald Sernaqué manifestó su preocupación por la falta de información respecto a un posible desalojo debido a la ampliación del penal. Denunció que, hasta el momento, ninguna autoridad se ha acercado para dialogar ni aclarar si la población será reubicada o indemnizada. Los vecinos viven en incertidumbre, temiendo ser desalojados en cualquier momento, más aún al observar el ingreso de maquinaria y materiales al penal, lo que acrecienta su angustia y temor.

“Queremos conversar con las autoridades porque no tenemos respuesta. La población teme que nos desalojen de un momento a otro, ya que dentro del penal se observa ingreso de maquinaria y materiales”, expresó Sernaqué.

Ante esta situación, los moradores anunciaron que presentarán una denuncia formal ante el Ministerio de Justicia. Buscan que se reconozca su derecho de propiedad, amparado en la figura de prescripción adquisitiva de dominio, ya que llevan más de cuatro décadas en posesión continua del terreno.

“Vamos a defender nuestras tierras y no vamos a permitir que se priorice un penal antes que a la propia gente. Somos una comunidad humilde y trabajadora, que ha nacido y vivido toda su vida en este lugar”, finalizó el dirigente vecinal.

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