Autoridades originarias de la región Puno llegaron hasta la plaza de armas de Juliaca para denunciar públicamente que la recién aprobada Ley 32293 vulnera sus derechos territoriales y fue promulgada sin el proceso de consulta previa obligatorio. La norma ha generado un creciente malestar entre las comunidades campesinas e indígenas que ya preparan una contundente respuesta a nivel regional.

José Carlos Gutiérrez Sancho, Apumallku del Consejo de Autoridades Originarias de la Región de Puno, encabezó el pronunciamiento donde advirtió sobre una inminente movilización preventiva para este 14 de mayo, en coordinación con la protesta nacional convocada. El dirigente expresó su profunda preocupación por una legislación que consideran transgrede frontalmente los derechos de las comunidades campesinas y pueblos originarios.

La controversia se centra principalmente en disposiciones que permitirían titular terrenos a personas que habitaron sin consentimiento comunitario entre 2004 y 2015, desconociendo la autoridad tradicional sobre los territorios ancestrales. «Esta ley ha sido generada inconstitucionalmente por el Congreso, vulnerando nuestros derechos fundamentales y omitiendo el proceso de consulta previa», manifestó Gutiérrez Sancho durante su intervención.

Las autoridades originarias anunciaron que presentarán un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional como primera medida legal para frenar los efectos de la cuestionada ley. La defensa de los territorios comunales se ha convertido en prioridad para estas organizaciones que advierten una posible radicalización de protestas si no son atendidas sus demandas.

Durante el pronunciamiento, los dirigentes también expresaron su solidaridad con diversos sectores sociales que protestan contra la creciente inseguridad ciudadana en el país, problema que ha dejado numerosas familias enlutadas y que consideran debe ser atendido con urgencia por las autoridades competentes.

Adicionalmente, las autoridades originarias denunciaron una presunta discriminación en el diseño del próximo censo nacional 2025, donde afirman que se estaría priorizando criterios raciales basados en el color de piel por encima de la autoidentificación lingüística y cultural. Esta situación afectaría directamente a las poblaciones Quechuas, Aymaras y diversas etnias amazónicas, incrementando el clima de desconfianza hacia las políticas gubernamentales.

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