El ministro del Interior, Juan José Santiváñez tiene una denuncia constitucional presentada este miércoles por el congresista Alex Flores (Bancada Socialista) por haber «mentido y deshonrado a la Nación», y pide, además, 10 años de inhabitación de la función pública.

La denuncia que revisará la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso se basa en la entrevista que Santiváñez brindó a Cuarto Poder, en el que dos testigos protegidos cuentan los presuntos cobros de dinero que hizo para conseguir fallos judiciales favorables a sus clientes de manera ilegal.

El titular del Mininter habría pedido hasta $60,000 a familiares de los investigados para garantizar decisiones favorables. Pero el informe periodístico ya lo tenía Santiváñez en su celular, antes de que se emitiera. No supo decir quién le envió el guión, y dijo que fue su directora de Comunicaciones, pero minutos después, fue desmentido por la funcionaria.

«Es claro que un ministro que ha mentido a la Nación de esa manera y se ha burlado del país ha incurrido en flagrante infracción a la Constitución Política, porque con su nefasto, falaz y mentiroso proceder ha deshonrado al Perú y al hacerlo ha quebrantado sus deberes de respetar y cumplir la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación», se lee en la denuncia constitucional.

Impedimento de salida del país

Pero el ministro del Interior, Juan José Santiváñez tiene otros pendientes. Un pedido de impedimento de salida de la Fiscalía, los resultados del allanamiento a su vivienda y oficinas por las investigaciones en las que está inmerso. Y hay más hechos y personajes que lo envuelven, y que lo han convertido en un “asunto” de Estado.

Sin embargo, es el ministro al que la presidenta Dina Boluarte no ha dudado en defender, abrazar y aplaudir cuando ha podido, siempre después de un nuevo escándalo en el que se ve envuelto. Pero también lo defiende el premier, Gustavo Adrianzén y lo protege el Congreso, a través de Fuerza Popular y sus socios Perú Libre, Renovación Popular,  

Permiso para viaje, allanamiento y solicitud de impedimento de salida

Todo indica que el ministro esperaba el allanamiento y registro de su domicilio y oficinas en el Mininter, el lunes 3 de marzo. La propia Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha declarado que un medio de comunicación prácticamente lo anunció. El motivo del mismo era encontrar algunos dispositivos electrónicos que contendrían información valiosa para los casos en los que está incurso Santiváñez.

En la madrugada de ese mismo día, una resolución Suprema firmada por Dina Boluarte y publicada en una edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, daba cuenta de la autorización para el viaje del ministro del Interior del 3 al 9 de marzo a Bélgica y a Los Países Bajos.

Frente a este permiso, la Fiscalía de la Nación se apresuró a solicitar al Poder Judicial un impedimento de salida para el ministro, por las investigaciones que se le sigue, presumiblemente temiendo una evasión a la justicia. Pero el pedido recién será visto en audiencia el martes 11 de marzo.

También allanan casas de trabajadora cercana a ministro con quien viajó fuera del país

La autorización judicial de allanamiento incluyó dos inmuebles. Uno en Villa El Salvador y otro en Barranco de Yessenia Stefany De la Cruz Rivas, administradora del estudio de abogados de Santiváñez, muy cercana al ministro, de quien en enero, un testigo protegido relató a la fiscalía que el ministro del Interior le habría pedido “que oculte” dos dispositivos tecnológicos, porque su información “podría perjudicarlo”.

“Tengo conocimiento que Juan José Santiváñez Antúnez le habría pedido a inicios de este año 2025 a Yessenia Stefany De la Cruz Rivas que oculte la computadora personal de Juan José Santiváñez y su Ipad personal, por cuanto en su contenido tiene información que podría perjudicarlo y le solicita ello, en razón de la confianza que le tiene por la relación sentimental extramatrimonial que hasta la fecha mantienen”, dijo.

Por los movimientos migratorios se sabe que, Santiváñez y De la Cruz Rivas realizaron tres viajes al exterior en 2022, según sus registros migratorios. En uno, salieron con un día de diferencia a México, pero en otros dos, a Panamá, retornando de México y nuevamente a México al que salieron y entraron juntos.

La jueza Enma Benavides

Otro testigo junto al primero relataron también los hechos presuntamente ilícitos que habría cometido el estudio de Santiváñez, antes de ser ministro. Mencionan a la exjueza Emma Benavides y solicitudes de hasta US$60.000 para influenciar y “arreglar” casos que se llevaban a cargo del Ministerio Público, Poder Judicial y el Fuero Militar Policial, se lee en la declaración.

Estos testimonios fueron recabados por el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) y elevados a la Fiscalía de la Nación. Esto valió también para el requerimiento de allanamiento presentado al juez Juan Carlos Checkley, a cargo del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, y que se ejecutó este lunes 3 de marzo. Buscaban el Ipad perdido de Juan José Santiváñez.

Otro personaje, el viceministro de Justicia

Pero además de las acusaciones de soborno a jueces para beneficiar a sus clientes, hay una denuncia alrededor de la conformación de una sociedad empresarial en mayo de 2019 entre Gustavo Adrianzén y Juan José Santiváñez. Además, tenían dos socios, los abogados Christian Guzmán Napurí y Alfonso Garcés Manyari.

El premier ha declarado a los medios que “hubo la intención de hacer actividades conjuntas [pero] esta no se concretó”. La razón de esta sociedad frustrada la reveló uno de los testigos mencionados. Lo que sucedió es que Santiváñez obligó a su socio, el abogado Alfonso Garcés, a destruir pruebas por un “mal movimiento” que hizo el ahora ministro en el caso de la Interoceánica.

Alfonso Garcés es un reconocido profesional con mucha experiencia en el Estado. Trabajó en el Ministerio de Relaciones Exteriores en 2003, como asistente en la Procuraduría Pública. También laboró en Transportes y Producción. Y en mayo de 2015, fue designado viceministro de Justicia, en reemplazo de Gustavo Adrianzén, quien fue nombrado ministro de esa cartera en el gobierno de Ollanta Humala.

Alfonso Garcés forma parte de la primera versión de GNS Abogados llamada Montoya & Guzmán Napuri Abogados, según Perú 21. Fue esa firma la que buscó la sociedad con Santiváñez que se frustró. Pero la amistad con Adrianzén continuó siendo asesor externo de la firma de su amigo Garcés, quien es el gerente de GNS Abogados.

Además, se sabe que defendió a policías corruptos e involucrados en la criminalidad. Pero, a pesar de todas estas situaciones, Santiváñez salió del país y sigue en Europa con la autorización de la presidenta Dina Boluarte. Mientras tanto, en el Perú, matan a una persona cada cuatro horas.

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