Treinta y dos años después de la masacre, la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de la Selva Central entregó restos óseos de 20 pobladores de la comunidad nativa de Tahuantinsuyo, en el distrito de Mazamari. Las víctimas murieron en un ataque de Sendero Luminoso el 18 de agosto los en 1993.
El acto se realizó en la propia comunidad, donde familiares recibieron los osarios en medio de lágrimas, cantos y un minuto de silencio. La fiscal superior Rosario Isabel Quico Palomino, Coordinadora de las Fiscalías Superior Penal Nacional y Fiscalías Penal Supraprovinciales Especializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad, encabezó la ceremonia, en la cual participó el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de la Selva Central, José Luis Díaz Artica.
También estuvieron los fiscales Adjuntos Provinciales Rommel Alexander Sierra Pariona, Magaly Sotomayor López y personal del Ministerio Público. Asimismo, los peritos Sandra Gómez Tapia, Lucio Condori Humpiri (Antropólogo Forense), Andrés Rolando Alvarado Benavides (Odontólogo) y Carlos Jonathan Vargas Alcántara (fotógrafo); el personal de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Municipalidad Distrital de Mazamari, entre otros.
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El ataque
Los senderistas asesinaron con extrema crueldad a hombres, mujeres —entre ellas embarazadas— y niños, tras engañar a los comuneros, haciéndose pasar por ronderos. Según las investigaciones, los ataron, torturaron y ejecutaron con armas blancas, además de cometer violaciones sexuales y mutilaciones.
El jefe de la comunidad de Tahuantinsuyo, José Luis Marcos Zacarías, agradeció la restitución y exigió justicia plena por los crímenes cometidos. “Hemos esperado más de tres décadas para dar sepultura digna a nuestros familiares”, dijo.
El programa incluyó palabras de familiares, abrazos de confraternidad y la entrega de cada osario por parte de fiscales, autoridades locales y comunales. Los comuneros trasladaron los restos a sus hogares para organizar el entierro colectivo.
La restitución se convirtió en un acto de memoria y reparación para una comunidad que aún carga con el dolor de la violencia política que arrasó la selva central en los años noventa.
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