Se trata de Remigio Mora Gutiérrez candidato de Alianza para el Progreso,que a pesar de haber sido sancionado por no cumplir con su obligación de padre y sentenciado dos veces por alimentos y una vez por violencia familiar, ahora quiere ser alcalde del distrito de Poroy en Cusco.
Con 7 denuncias penales candidato de Somos Perú aspira al Gobierno Regional de Cusco
El político dijo haber declarado dichas sentencias ante el Jurado Nacional de Elecciones porque «al pueblo no hay que mentirle.» Asimismo aseguró que en la actualidad ya no debe por concepto de manutención a sus hijos. «Soy docente y me han descontado», declaró el candidato a los periodistas de El Tiempo de la Verdad.
-
Recomendados:
- Julio Velarde advierte que problemas de gobernanza frenan la inversión en Perú
- Emprendedores de La Convención se capacitan para conquistar mercados globales
- Ayacucho: Empresario habría sido asesinado tras negarse pagar extorsión
Además refirió que ahora mantiene una buena relación con sus hijos y con su exesposa pues su separación fue por mutuo acuerdo. Sin embargo, al preguntarle sobre su sentencia por violencia familiar, dijo que nunca agredió físicamente a su expareja. «Nunca yo le he metido la mano, solo por incomprensión; por incompatibilidad de caracteres, nada más, solamente por eso. Yo nunca le he puesto la mano», expresó a la vez que simulaba un puñete con la mano.
«Cuando uno va a las instancias, derrepente (preguntan) ¿Cómo te sientes? Me siento triste dicen y ahí lo ponen es violencia, pero no», indicó el flamante candidato de APP. «Dicen me siento triste porque nos hemos separado y eso lo toman como violencia» agregó.
Remigio Mora también aseguró que ahora que le descuentan directamente de su sueldo la mensualidad para sus hijos (18% y 25%), está hábil para ser un buen padre del pueblo, de llegar a ser alcalde de Poroy. «Ahí sí tenemos que cumplir», explicó.
Norma para impedir que sentenciados por violencia familiar ejerzan función pública
La legisladora y ministra de Cultura Betssy Chavez Chino, presentó en marzo del 2022, un proyecto de ley para impedir el acceso a cargos de altos funcionarios de Estado a sentenciados, en primera instancia, por delitos vinculados a violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, con el fin de garantizar la idoneidad de la función pública.
La iniciativa legislativa señala que la idoneidad es un principio que el código de ética de la función pública señala como la actitud técnica, legal y moral, «condición esencial para el acceso y ejercicio de la función pública».