En el auditorio del Colegio de Abogados de Arequipa, autoridades locales, representantes de instituciones públicas y la sociedad civil se reunieron para debatir la posible aplicación de la pena de muerte en casos de violación sexual a menores de edad. La cita contó con la participación del ministro de Justicia, Eduardo Arana, y del congresista Jorge Montoya.

Cabe precisar que durante el debate, no hubo algún vocero de las organizaciones civiles presente. Al final del debate solo se permitió a un par de ciudadanos opinar por un corto tiempo. Esto refleja que esta audiencia, convocada por el gobierno de Dina Boluarte, no la da la debida importancia a la participación ciudadana como tanto aseguran.

«Debate»

El congresista Montoya defendió firmemente la restauración de la pena de muerte como medida disuasiva para combatir delitos graves. “Si este gobierno liderado por la presidenta Dina Boluarte se lo propone, todavía alcanzará el tiempo para concretar este propósito”, afirmó. Según Montoya, esta sanción permitiría reducir la incidencia de delitos contra la integridad sexual de los niños, aseguró.

Marleny Arminta, vicepresidenta del Consejo Regional de Arequipa, también se mostró a favor de la medida, pero subrayó la necesidad de cumplir con los procedimientos legales. “Debe pasar por candados legales y los procedimientos establecidos”, señaló.

Por su parte, el alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, adoptó una postura más ambigua. Aunque evitó definirse claramente, destacó la importancia de proteger a las víctimas. “O defendemos al pueblo que sufre o defendemos al que agrede. Tenemos que escuchar, como arequipeños demos una respuesta a lo que la población necesita”, expresó.

Críticas en contra

Desde el Ministerio Público, se plantearon varias objeciones a la pena de muerte, argumentando que no es constitucional ni compatible con los convenios internacionales suscritos por el Perú. Además, se advirtió que podría fomentar la eliminación de pruebas y testigos por parte de los agresores para evitar su condena.

La Defensoría del Pueblo coincidió en que la medida no resolvería el problema. “No existe una relación entre la severidad del castigo y la disminución del crimen”, señalaron. También enfatizaron los riesgos de los errores judiciales y la irreversibilidad de la pena capital. En lugar de esto, abogaron por fortalecer el sistema judicial, mejorar la protección de las víctimas y sus familias, y promover la justicia restaurativa.

Cifras en Arequipa

Durante el debate, el Ministerio Público reveló cifras alarmantes. En 2024, se registraron más de 22 mil denuncias de violencia sexual, de las cuales entre 2 mil 500 y 3 mil correspondieron a menores de entre 14 y 18 años. Estas estadísticas reflejan un contexto preocupante que exige soluciones urgentes.

El debate dejó en claro las divisiones entre quienes ven en la pena de muerte una solución efectiva y quienes consideran que atenta contra los derechos humanos. Esta audiencia pública se replicará en otras regiones para recoger las opiniones de la población e instituciones.

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