La situación del proyecto minero Tía María sigue siendo un tema polémico y cargado de mensajes contradictorios. El pasado 28 de julio, la presidenta Dina Boluarte declaró que el proyecto es “una realidad”. Esto ha generado más preguntas, como lo expone el informe de CooperAcción, ya que el escenario actual del proyecto es un conflicto social en ciernes.

Esta declaración presidencial coincide con afirmaciones previas de Southern Perú Coopper Corporation (SPCC), empresa a cargo del proyecto. A mediados de mayo, Raúl Jacob, vicepresidente de finanzas de SPCC, afirmó que esperaban iniciar la construcción a fines de este año o en la primera mitad de 2025. Sin embargo, días después, Álvaro Burga, representante bursátil del Grupo México, al que pertenece SPCC, anunció que el inicio del proyecto no tenía una fecha definida.

Más tarde, el 29 de junio, se filtró un memorando firmado por Óscar González Rocha, presidente ejecutivo del Grupo México, que establecía el reinicio de actividades para el 1 de julio de 2024. Aun así, posteriormente, la empresa informó que realizaría modificaciones en su Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Esto sugiere que se están planteando cambios significativos en el proyecto original.

Vigencia del EIA de Tía María

Uno de los puntos más debatidos es la vigencia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). El EIA de Tía María fue aprobado en agosto de 2014, y según la legislación peruana, estos estudios tienen una vigencia de cinco años, lo que significa que habría caducado en 2019.

Aunque la suspensión de la licencia de construcción afectó su vigencia, la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas indicó en marzo de este año que el EIA del proyecto está «no vigente». Esto, según el Informe N.º 0146-2024-MINEM/DGM. Consideremos que sin un EIA vigente, un proyecto de esta envergadura no puede avanzar.

La certificación ambiental pierde vigencia si dentro de los tres años posteriores a su emisión no se inician las obras, extendiendo el plazo a un máximo de cinco años. Esto, según la legislación actual, modificada por el Decreto Legislativo 1394 en 2018. Significa que Tía María habría excedido ese plazo, lo que plantea dudas sobre la validez de su aprobación inicial.

Otro aspecto relevante es que el proyecto no cuenta con las autorizaciones de exploración y explotación necesarias. Según el mismo informe, hasta la fecha no se han tramitado permisos en esta materia, lo que también pone en duda el avance real del proyecto.

Finalmente, el rechazo social en el Valle de Tambo sigue siendo una barrera importante. La oposición al proyecto por parte de la población local ha sido consistente durante años, y parece que aún no se ha logrado la «licencia social» necesaria para su ejecución. Ante este panorama, preocupa que se esté evaluando imponer el proyecto a pesar de la resistencia local.

Inconsistencias graves para un proyecto que arrastra años de conflictos sociales, detenidos, heridos y fallecidos.

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