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Tribunal Constitucional admite demanda de inconstitucionalidad contra ley antiforestal

Fecha de publicación

El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Gobierno Regional de San Martín (Goresam) contra la ley antiforestal

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Como se recuerda, la norma aumentaría la deforestación, vulneraría la gobernanza de las poblaciones indígenas y generaría impunidad en procesos judiciales. Además, dicta normativas vinculadas a la zonificación forestal.

La norma cuestionada es la Ley n.° 31973. Es decir, es la que modifica la Ley n.° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Como se recuerda, esta modificatoria fue aprobada por el Congreso de la República, en diciembre del 2023. 

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El TC dictó que el Parlamento tiene 30 días para responder demanda del Goresam. (Foto: Tribunal Constitucional)

Razones para admitir la demanda

Los magistrados del TC dieron un plazo de 30 días hábiles para que el Parlamento conteste la demanda del Goresam. Admitieron a trámite la demanda, tras corroborar que cumple con los criterios de admisibilidad y procedibilidad establecidos en la Constitución.

La demanda del Goresam sostiene que la aprobación de la ley antiforestal incumple disposiciones constitucionales y tratados internacionales. Además, se alega que para aprobar dicha norma no se hizo la consulta previa a los pueblos indígenas. Según la entidad demandante, basta este solo argumento para declarar la nulidad de la ley antiforestal.

Asimismo, vulnera los principios del régimen forestal y el deber de conservar un ambiente equilibrado establecidos en los artículos 67, 68 y 69 de la Constitución. Se asegura que la norma amenaza el derecho de propiedad de las comunidades nativas. También pretendería dar impunidad en materia penal a las personas que han deforestado los bosques y que poseen antecedentes en procesos penales en curso.

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Otras voces

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, el Gobierno Regional de Amazonas, el Gobierno Regional de Huánuco y organizaciones especializadas en materia ambiental también exigen la derogatoria de dicha norma.

Lea la nota original aquí o visita el medio Inforegión

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