La Contraloría General de la República detectó un perjuicio económico de S/ 34,505 en la Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua, tras comprobar que no se aplicaron penalidades a proveedores por el alquiler de inmuebles con serias deficiencias en infraestructura, seguridad y servicios básicos, destinados a la residencia de estudiantes universitarios.
Durante el año 2024, la universidad destinó S/ 755,336 para contratar a cinco proveedores y arrendar espacios que albergarían a 234 estudiantes de bajos recursos. Sin embargo, los inmuebles presentaban múltiples irregularidades que incumplían las condiciones contractuales, como:
- Filtraciones de agua y humedad en techos
- Instalaciones eléctricas expuestas
- Extintores vencidos y falta de luces de emergencia
- Ventanas sin protección contra insectos
- Cortes en el suministro de agua
A pesar de estas fallas, la Dirección de Bienestar Universitario y la Dirección General de Administración no gestionaron la aplicación de las penalidades correspondientes, lo que afectó directamente la calidad del servicio de residencia universitaria, cuyo objetivo es brindar un entorno seguro y digno para los estudiantes provenientes de zonas alejadas.
-
Recomendados:
- La región Ica recibe S/769 millones por canon minero y aún no logra gastar ni la mitad
- Piura inundada: lluvias que despiertan enfermedades y exponen una ciudad sin plan
- Jaén: hallan a dos personas sin vida detrás del cementerio de Fila Alta
La situación fue documentada en el Informe de Control Específico N° 6280-2025-CG/SUNI-SCE, que abarcó el periodo del 1 de mayo de 2024 al 20 de enero de 2025. Además, el Órgano de Control Institucional (OCI) ya había advertido estas irregularidades en informes previos:
- Informe de Hito de Control N° 022-2024-OCI/6256-SCC (noviembre 2024)
- Informe de Control Concurrente N° 025-2024-OCI/6256-SCC (diciembre 2024)
Ambos documentos señalaron riesgos significativos en los inmuebles arrendados, pero las observaciones no fueron corregidas, lo que derivó en la inaplicación de sanciones contractuales.
Finalmente, el informe de la Contraloría concluye que existe presunta responsabilidad civil y administrativa de cinco funcionarios, y ha sido remitido a la Procuraduría Pública de la Contraloría para el inicio de las acciones legales correspondientes. Asimismo, se recomendó al titular de la universidad adoptar medidas para establecer responsabilidades individuales y evitar que hechos similares se repitan.
Lea la nota original aquí o visita el medio ::Radio Marañón::