La Contraloría General de la República, a través del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Universidad Nacional de Piura (UNP), identificó presunta responsabilidad penal y administrativa de ocho funcionarios y servidores de esta casa de estudios, debido al irregular pago de S/ 396,500 por un servicio de mantenimiento, habilitación y digitalización de la información en los sistemas informáticos del Archivo Central que no tuvo procedimiento de selección ni se acreditó la prestación efectiva del servicio.

De acuerdo con el Informe de Control Específico N° 004-2023-2-0203-SCE, en el año 2021, la UNP autorizó el gasto por el referido servicio al margen de la Ley de Contrataciones del Estado, las normativas de Presupuesto y de Tesorería. Asimismo, se pagó sin la documentación respectiva que acredite su ejecución, afectando los intereses de la universidad.

También se advirtió que mediante Resolución Rectoral N° 1574-R-2021, del 4 de noviembre de 2021, se aprobó y autorizó el pago a 61 proveedores del servicio; sin embargo, se efectuó pagos a personas no incluidas en dicha resolución. Además, el documento que se vincula con los expedientes de pago difiere en su contenido con la resolución original emitida por Secretaría General.

Esta situación benefició indebidamente a terceras personas con el pago de un servicio que no se evidencia que se haya realizado. Presuntas responsabilidades El OCI identificó presunta responsabilidad penal y administrativa en ocho funcionarios y servidores que participaron en el requerimiento, autorización y la conformidad, así como en todas las etapas relacionadas con la ejecución del gasto por el servicio, sin considerar los preceptos establecidos y sin contar con la documentación que exige la norma.

El rector de la Universidad Nacional de Piura fue notificado del resultado de este servicio de control posterior que se enmarca en el Megaoperativo de Control al Gobierno Nacional. Asimismo, el informe se ha puesto de conocimiento al Órgano Instructor para que realice el procesamiento de las personas comprendidas en los hechos, de acuerdo con su competencia.

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