Arequipa se ha convertido en el epicentro de un debate nacional que toca fibras sensibles: la educación sexual integral en las escuelas. Todo comenzó cuando el Consejo Regional aprobó por unanimidad la Ordenanza 538, publicada el pasado 8 de agosto, que implementa un programa de Educación Sexual Integral (ESI) en los colegios de la región. Desde entonces, las posiciones a favor y en contra no han dejado de cruzar argumentos.

El último programa de la Red de Medios Regionales del Perú reunió a voces de ambos bandos. Christian Aranda, presidente del Centro de Estudios Laureles, explicó que 92 organizaciones de la sociedad civil ya han manifestado su rechazo a la norma. Su principal observación: la ordenanza no incluye a los padres de familia en la elaboración ni en la aplicación de los contenidos. Para Aranda, esto vulnera el derecho de patria potestad y deja fuera a quienes deberían ser los primeros educadores en sexualidad. “Si un padre puede decidir si su hijo lleva o no curso de religión, también debería poder decidir sobre estos contenidos”, dijo en la entrevista.

Aranda también cuestionó el origen del proyecto. Según afirma, la iniciativa fue impulsada por la ONG Fordes, la misma que ha presentado propuestas similares en otras regiones. A su juicio, la medida responde a una agenda ideológica que promueve temas como enfoque de género, interseccionalidad y distribución de anticonceptivos a menores, sin consultar a las familias. “No se ha hecho un diagnóstico real de las causas del embarazo adolescente. Se asume que el problema es falta de información sexual, pero las causas pueden ser muchas, desde alcoholismo hasta violencia sexual”, señaló.

Del otro lado del debate estuvieron Mercedes Neves, directora de Fordes, y Patricia Salas, exministra de Educación. Ambas defendieron la necesidad de la ESI como herramienta para proteger a niñas, niños y adolescentes de la violencia y los embarazos tempranos. Neves recordó que existen indicadores preocupantes: Arequipa reporta más de 500 embarazos adolescentes al año, muchos de ellos producto de abuso sexual. “No estamos inventando nada. La educación sexual integral es una política nacional respaldada por organismos internacionales como la UNESCO y la OMS. Es un derecho de los estudiantes”, remarcó.

Patricia Salas fue más allá y planteó el fondo del asunto: “Lo que se discute es cuánta autonomía y pensamiento crítico estamos dispuestos a dar a nuestros adolescentes. La ESI no solo brinda información biológica. Forma en autoestima, respeto y toma de decisiones”. Para la exministra, es falso que la norma excluya a los padres. “El Estado no quita la patria potestad. Busca acompañar a las familias para que puedan educar mejor a sus hijos. Si la escuela no informa, lo hará la calle, el internet o la pornografía”, advirtió.

El intercambio dejó claro que el desacuerdo no está en reconocer el problema —los embarazos adolescentes y la violencia sexual son una realidad grave— sino en el cómo enfrentarlo. Los sectores conservadores proponen capacitar primero a los padres para que ellos sean quienes hablen del tema con sus hijos. Las organizaciones que impulsan la ESI insisten en que la escuela es el lugar idóneo para romper los silencios y tabúes que perpetúan el problema.

Mientras el Congreso ha citado al gobernador regional Rohel Sánchez para que explique la ordenanza, el debate sigue abierto. Lo que sí parece evidente es que el tema ya trascendió Arequipa y podría marcar un precedente para otras regiones del país.

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