Los Gobiernos Territoriales Autónomos Awajún y Wampís advirtieron ante la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso que la minería ilegal está generando una crisis ambiental y social sin precedentes en las cuencas del Morona, El Cenepa, el Santiago y el Alto Marañón. La Mesa de Trabajo realizada el 7 de noviembre reveló que redes criminales han superado la capacidad de respuesta del Estado e incrementado su presencia en zonas estratégicas de ambas regiones.

El pamuk wampís Teófilo Kukush señaló que la actividad ilícita ha desplazado la autoridad estatal, provocando amenazas, extorsiones y presiones armadas en torno a los ríos Morona y Santiago. Esta situación, dijo, ha puesto en riesgo directo la integridad de las comunidades asentadas en la frontera entre Amazonas y Loreto.

Julio Hinojosa, líder wampís, reforzó que el Río Santiago enfrenta niveles de criminalidad similares a los de territorios dominados por mafias. Recordó que el 28 de septiembre un operativo policial fue emboscado en la comunidad de Fortaleza, dejando agentes heridos. “Hoy quienes imponen autoridad en Río Santiago son estos grupos”, afirmó.

Impactos ambientales y sociales en expansión

El pamuk awajún Gil Inoach alertó sobre la multiplicación de dragas en distintos frentes fluviales. Según detalló, más de cincuenta operan actualmente en El Cenepa, mientras unas veinte se encuentran en el río Santiago y otras en Saramiriza y el Alto Marañón. Este avance simultáneo, sostuvo, está alterando la alimentación tradicional y debilitando la gobernanza comunal.

Durante la sesión, los Gobiernos Territoriales Autónomos solicitaron declarar Estado de Emergencia en las cuencas impactadas, cerrar las rutas ilegales hacia Ecuador y reconocer sus sistemas de control territorial(Foto: Difusión)

Los representantes también denunciaron el ingreso constante de maquinaria, combustible y armas desde Ecuador. Para Dante Sejekam, presidente de ODECOFROC, en El Tambo “el Perú ha perdido soberanía”, pues el corredor minero transfronterizo se ha consolidado sin control estatal efectivo.

Desde el territorio Wampís, el profesor Julio Hinojosa reiteró que la minería, sea formal o ilegal, destruye playas, contamina ríos y erosiona la convivencia comunitaria. “El uso de mercurio y cianuro ya afecta peces y fuentes de agua. La presencia de alcohol, armas y redes ilegales altera el desarrollo de niños y jóvenes”, subrayó.

La lideresa Angélica Nujigkus, de ODECOFROC, hizo hincapié en la afectación directa a mujeres y niñas. “Nuestra presencia es porque realmente necesitamos que nos ayuden”, indicó. Añadió que la contaminación impide utilizar el agua como antes: “Ahora ya no podemos. Hay demasiada contaminación”.

Estado reconoce limitaciones

El Alto Comisionado de la PCM, Rodolfo García Esquerre, informó que la minería ilegal movió siete mil millones de dólares en 2024, seis veces más que el narcotráfico. Reconoció además que las interdicciones actuales son insuficientes y adelantó que el Ejecutivo evalúa declarar Estado de Emergencia en las cuencas afectadas. También anunció el refuerzo del puesto militar de El Tambo para cortar las rutas de abastecimiento desde Ecuador.

Desde el territorio Wampís, el profesor Julio Hinojosa reiteró que la minería, sea formal o ilegal, destruye playas, contamina ríos y erosiona la convivencia comunitaria. (Foto: GTAW)

La Policía Nacional señaló que se requieren al menos 700 efectivos adicionales para realizar operativos sostenidos. Por su parte, el Ministerio del Ambiente explicó que las restricciones presupuestales dificultan el control territorial, pues más del 70 % de los recursos asignados al Programa Presupuestal 128 se destina a pagos de personal, dejando apenas 19 millones para interdicciones en todas las regiones afectadas.

Demandas y advertencias finales

Durante la sesión, los Gobiernos Territoriales Autónomos solicitaron declarar Estado de Emergencia en las cuencas impactadas, ejecutar un plan de interdicción permanente, cerrar las rutas ilegales hacia Ecuador y reconocer sus sistemas de control territorial, como Los Charip. También pidieron fortalecer los puestos militares y promover alternativas económicas sostenibles, entre ellas bionegocios, piscigranjas y proyectos comunitarios.

Los líderes advirtieron que la continuidad de la minería ilegal amenaza la salud, la seguridad y la vida en toda la región. Asimismo, alertaron sobre cambios sociales graves, como el abandono de hijos por parte de madres que se vinculan con campamentos mineros, lo que compromete la integridad de niños y adolescentes.

La congresista Silvana Robles, presidenta de la Comisión, aseguró que este fenómeno criminal ya compromete la seguridad nacional y anunció que se impulsarán acciones legislativas y de fiscalización para fortalecer la coordinación con los territorios indígenas.

Lea la nota original aquí o visita el medio Inforegión