El presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de la Provincia de Espinar, Sergio Huamaní Hilario, considerado uno de los defensores de derechos humanos y medio ambiente de Cusco, se encuentran en proceso penal con la compañía minera Antapaccay por los delitos de difamación calumniosa agravada.
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Dentro de los argumentos de la denuncia están las declaraciones que tuvo el dirigente en el programa televisivo Jornada Informativa con respecto al fallecimiento de Oscar Mollohuanca y también las publicaciones que realizo en su cuenta personal de Facebook.
Sergio Huamaní actualmente tiene ocho procesos activos identificados por los presuntos delitos de coacción, daños, extorsión, atentado contra la seguridad común, secuestro, atentado contra la libertad de trabajo, violación de medidas sanitarias, entorpecimiento a los servicios públicos, disturbios, apología del delito y falsedad genérica.
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Todos estos procesos están relacionados por ejercer su derecho a la protesta. Por ello, piden una pena privativa de 3 años y 375 días de multa y la suma de 230 mil soles como reparación civil.
El día 11 de mayo se dictó una sentencia que declara autor del delito difamación agravada, con una pena de libertad de un año. Asimismo se fijó el monto de 10 mil y 1024 soles a favor de la compañía y el estado; respectivamente. Pero la decisión está siendo apelada en segunda instancia que está a cargo de la Sala Penal de Apelaciones de Canchis.
Es importante recordar que la conflictividad social en el país alcanzó niveles altos según Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM) pues en los últimos meses, se ha experimentado un incremento significativo en la conflictividad social. Según el informe del 32° Observatorio de Conflictos mineros la Defensoría del Pueblo ha identificado un pico de 225 conflictos. La mayoría de conflictos se relaciona con temas socioambientales, siendo el 66.9% vinculado a la actividad minera y el 19.7% a los hidrocarburos.
Los defensores del medio ambiente desprotegidos en Cusco y en todo el Perú
Ahora los defensores ambientales en Perú se enfrentan a una persecución constante por parte de la minería y un ejemplo es este caso. De confirmar la sentencia contra el defensor ambiental, marcaría un mal precedente y pondría en riesgo a los dirigentes y defensores ambientales y de derechos humanos. Construiría un patrón de criminalización para atacar la labor de las personas defensoras.