El 5 de diciembre de 2023, el Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva para el suboficial de la PNP Joe Erik Torres Lovón, por el homicidio del estudiante Rosalino Flores, joven de 22 años que murió tras recibir 36 perdigones en la espalda durante las protestas en Cusco contra el gobierno de Dina Boluarte.

Primer caso de prisión preventiva por violencia policial durante protestas en Cusco

Torres Lovón es el primer policía acusado de ser autor directo de uno de los 49 crímenes cometidos por las fuerzas del orden en las manifestaciones sociales ocurridas entre diciembre de 2022 y enero de 2023.

La Fiscalía solicitó la medida cautelar luego de hallar indicios que lo vinculan con la muerte de Rosalino, quien estudiaba gastronomía y participaba en las protestas contra el gobierno en Cusco.

El juez Leodan Cristóbal Ayala, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, aceptó el pedido de la Fiscalía y dispuso la búsqueda y captura del suboficial, pues estaría no habido.

El policía investigado dejó de trabajar el 14 de noviembre de 2023, según la Fiscalía, lo que aumenta el riesgo de fuga. Además, presentó dos constancias laborales falsas para demostrar su arraigo, el juez rechazó ambos documentos.

El juez Ayala ha dictado búsqueda y orden de captura a nivel nacional e internacional contra el policía porque al parecer estaría no habido.

Fiscalía halla que PNP manipuló pruebas en caso sobre asesinato de Rosalino Flores

El magistrado también resaltó en su fallo que ningún miembro de la PNP debe obedecer órdenes que violen los derechos humanos de las personas. Asimismo, enfatizó la responsabilidad que tienen los agentes de seguridad en el respeto de los derechos fundamentales.

Juez considera informes de HRW, CIDH y ONU

Para su decisión, el juez tomó en cuenta los informes oficiales que fueron notificados al Estado peruano. Entre ellos, el informe de Human Rights Watch, donde indican que al menos 39 de las 49 muertes durante las protestas fueron a causa de herida de bala. Conclusión hecha tras la revisión de las autopsias, pericias balísticas y registros médicos de los heridos y fallecidos en las protestas verificados por HRW.

En el caso de Rosalino Flores, HRW informó que verificó las imágenes de las cámaras de seguridad donde se ve que un policía dispara a corta distancia por la espalda al joven hiriéndolo mortalmente. A pesar que Rosalino cayó al suelo retorciéndose, el agente no hizo nada para ayudarle. Una radiografía mostró alrededor de 30 perdigones en el cuerpo de Flores, quien posteriormente murió a consecuencia de sus heridas.

Asimismo, el juez tomó en cuenta el informe sobre los Derechos Humanos en el Perú elaborado por la OEA a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en mayo del 2023.

En dicho informe se concluye que, a pesar que durante las manifestaciones se registraron hechos de violencia no protegidos por el derecho a la protesta, la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional. Se registraron graves episodios de uso excesivo de la fuerza en Lima, Ica, Arequipa y Cusco.

Otro documento que consideró el juez para su fallo fue el informe de la ONU. Ahí se concluye que en Perú se restringió indebidamente los derechos humanos de los manifestantes durante las protestas ocurridas entre diciembre del 2022 y marzo del 2023.

Asimismo, el magistrado dio lectura a la recomendación realizada por la ONU al Estado peruano. «Dicha oficina de la ONU exhorta a las autoridades peruanas a emprender reformas significativas para garantizar los derechos humanos en el contexto de manifestaciones. Lo que incluiría permitir un diálogo nacional, descentralizado e inclusivo».

Uso excesivo y desproporcionado de la fuerza

En ese sentido, el magistrado señaló que, específicamente en Cusco, el Estado usó la fuerza de manera desproporcionada para controlar las protestas sociales.

«Este juzgado advierte que el Estado no ha cumplido cabalmente con realizar el control social de protestas de los ciudadanos específicamente en Cusco, porque se advertiría, más bien, que se ha hecho un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza del control policial en contra de los ciudadanos que estuvieron participando de las manifestaciones de manera pacífica e incluso de ciudadanos que no formaban parte de las manifestaciones. Sin embargo han sufrido las consecuencias del uso de la fuerza desproporcionada de la PNP o de las Fuerzas Armadas. «, señaló el magistrado Leodan Ayala durante la audiencia de lectura de resolución, realizada este viernes 5 de enero del 2024.

En otro momento, indicó que el daño ejercido contra la familia de Rosalino Flores es inconmensurable. «Su padre, madre, hermanos menores han sufrido de manera incalculable, indecible. (…) No fue un crimen aislado sino una respuesta estatal desproporcionada», señaló.

Finalmente, el juez enfatizo que la afectación no solo fue contra la vida de Rosalino Flores quien participaba de las protestas contra el gobierno en Cusco, sino contra los derechos de las personas a manifestar su disconformidad.

Rosalino Flores sufrió graves heridas por perdigones durante las protestas en Cusco

Rosalino Flores fue una de las víctimas de la represión policial que se desató el 11 de enero de 2023 en Cusco, donde hubo 17 heridos por perdigones. Uno lesionado por un proyectil desconocido y otro fallecido por un disparo en el pecho.

El estudiante recibió 36 impactos de perdigón por la espalda, que le perforaron órganos vitales. En un primer momento, en el Hospital Antonio Lorena de Cusco se le extrajeron 9 perdigones del cuerpo. Posteriormente, Rosalino fue evacuado al Hospital Arzobispo Loayza de Lima. Ahí le extrajeron otros 22 perdigones, pero su salud se deterioró hasta su deceso en marzo de 2023.

Su caso se suma al de otros 40 ciudadanos que murieron a nivel nacional por los enfrentamientos entre civiles y elementos de seguridad estatales. Hasta el momento, solo se ha dictado prisión preventiva para uno de los responsables de estos crímenes. Sin embargo marca un importante precedente para la búsqueda de justicia de familiares de las víctimas.