Un grupo de organizaciones y personas manifestaron su rechazo a la creación de un área destinada para la exploración y explotación de hidrocarburos en el Candamo, que incluye parte del Parque Nacional Bahuaja Sonene.
Este parque es un área natural protegida de uso indirecto, donde las actividades extractivas y de infraestructura permanente están prohibidas por ley. De acuerdo al comunicado, el gobierno ofertó 48 áreas de promoción en el país, de las cuales 39 se encuentran en la Amazonía.
Esto se realiza bajo el argumento de garantizar urgentemente la seguridad energética del país. Sin embargo, las organizaciones señalan que esto ocurre en un contexto de debilitamiento sistemático de la institucionalidad y corrupción.
Falta de coherencia
Las organizaciones cuestionan la coherencia entre el discurso de preocupación por la seguridad energética y las acciones actuales. Señalan que el 50% del gas que produce el país se destina a la exportación, mientras que se hacen promesas de acceso masivo al gas barato para las familias locales.
La misiva indica que Perupetro S.A. incluyó un área promocional para exploración Y explotación de hidrocarburos que se superpone con el Parque Nacional Bahuaja Sonene, en Madre de Dios.
Las entidades afirman que esto constituye una violación expresa a la Ley de Áreas Naturales Protegidas, al ser un área natural protegida intangible. Existe preocupación por la promoción de hidrocarburos en áreas consideradas altamente vulnerables, como las áreas naturales protegidas y las reservas territoriales e indígenas.
Esto ocurre a pesar de la existencia de más de 3000 sitios contaminados por hidrocarburos que aún no han sido remediados. 
Llamado a las autoridades
Las organizaciones hacen un llamado a las autoridades competentes para que cesen esta promoción de hidrocarburos. Solicitan la anulación del área promocional XCII superpuesta al Parque Nacional Bahuaja Sonene, el cese de la promoción de áreas para exploración y explotación de hidrocarburos en áreas protegidas.
No obstante, exigen el desarrollo de una transición energética justa y sostenible. Los entes instan a diversas autoridades, incluyendo el Ministerio del Ambiente, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, a asumir su rol en la defensa del patrimonio de la nación y evitar la reducción de los derechos alcanzados por la sociedad.
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