La Amazonía se enfrenta a una de sus peores crisis ambientales de las últimas décadas. Durante 2024, la región ha sufrido incendios forestales masivos, la mayoría provocados por mineros ilegales y acaparadores de tierras que buscan aprovechar la tala de grandes extensiones de selva. Estos incendios han destruido más de 11 millones de hectáreas solo en la Amazonía brasileña, y su impacto ha llegado también a la Amazonía peruana, donde el gobierno declaró a ciertas regiones en estado de emergencia. Los incendios no son solo consecuencia del cambio climático; muchos de ellos son deliberados. Las redes criminales utilizan el fuego para despejar tierras destinadas a actividades ilícitas como la minería de oro y la expansión de la ganadería. Queman áreas de bosque para dar paso a minas ilegales, ranchos ganaderos o plantaciones de cultivos de alto valor como la soja o el aceite de palma. El impacto sobre los ecosistemas es devastador, y ha desencadenado una crisis social, ambiental y económica en las comunidades indígenas que habitan la región.

Retroceso en los avances de conservación

En 2023, el presidente brasileño Lula da Silva logró frenar la deforestación casi en un 50%, reactivando las agencias de protección ambiental debilitadas durante el gobierno de Bolsonaro. Sin embargo, los incendios han revertido rápidamente este progreso. En solo tres meses, entre junio y agosto de 2024, las emisiones de carbono de la Amazonía se dispararon, liberando 31,5 millones de toneladas de CO₂, una cifra comparable con las emisiones anuales de Noruega. La mayoría de los incendios se han producido en territorios indígenas, con el territorio Kayapó, en Pará, como uno de los más afectados. Los mineros ilegales han provocado incendios para despejar tierras para sus excavaciones de oro. Esta situación exacerbó el deterioro de la biodiversidad y el tejido social de estas comunidades, que durante siglos han convivido en equilibrio con la selva.

La influencia política de las redes criminales

Los acaparadores de tierras han utilizado su riqueza obtenida ilegalmente para ganar poder político en la región. Muchos controlan gobiernos locales y tienen influencia en el poder judicial, lo que les permite operar con impunidad. Este control político es utilizado para movilizar el apoyo de los votantes y garantizar la perpetuación de actividades ilegales. Un claro ejemplo de esta influencia fue el «Día del Fuego» en 2019, cuando los acaparadores organizaron un brote masivo de incendios para respaldar las políticas antiambientalistas del entonces presidente Bolsonaro. Este tipo de acciones han convertido los incendios forestales en una herramienta de poder político, lo que complica aún más los esfuerzos de conservación.

La sequía agrava la situación

La cuenca amazónica ha experimentado en 2024 la sequía más prolongada y severa de su historia reciente. Incluso las áreas más húmedas de la selva tropical se han secado, lo que ha facilitado la rápida propagación del fuego. Al mismo tiempo, ríos como el Amazonas y el Madeira han alcanzado niveles históricamente bajos, afectando el acceso al agua y los medios de vida de las comunidades locales. Este colapso ambiental generó la peor calidad del aire registrada en la región y destruyó infraestructuras agrícolas y ganaderas vitales para las economías locales. A medida que los incendios avanzaron, las tensiones entre las comunidades y los actores ilegales se incrementaron, generando un aumento en la violencia.

Un llamado a la acción

La situación en la Amazonía es un círculo vicioso donde los incendios provocados por redes criminales alimentan la crisis climática, y esta, a su vez, genera más oportunidades para la expansión de actividades ilícitas. Las voces de las comunidades indígenas y ribereñas, que durante siglos han sido guardianas de la selva, deben ser escuchadas y apoyadas en la toma de decisiones sobre la conservación de este invaluable ecosistema.  

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