Después de casi cuatro años de espera, el caso de la masacre del 9 de enero de 2023 en Juliaca registra un avance decisivo: la Fiscalía de Derechos Humanos de Lima formuló acusación fiscal contra los presuntos responsables de las graves violaciones de derechos humanos, el documento ya ingresó al Poder Judicial y las víctimas esperan el inicio de la siguiente etapa del proceso.

La noticia fue anunciada por César Quispe Calsín, abogado de las víctimas y mártires del 9 de enero, quien calificó este avance como uno de los resultados más importantes después de años de investigación, cambios constantes de fiscales y dificultades para conseguir que el proceso avance.

Los hechos del 9 de enero de 2023 dejaron 18 personas fallecidas y 107 heridas en Juliaca, según las cifras expuestas por el abogado, las investigaciones comprenden presuntos delitos de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves, en una jornada que marcó profundamente a la población juliaqueña.

Ahora, el proceso entra en una nueva etapa, Quispe explicó que el Poder Judicial debe notificar formalmente a las partes y posteriormente convocar a las audiencias correspondientes, el siguiente paso será el juicio oral, donde se debatirán las responsabilidades por las muertes y lesiones ocasionadas durante la represión.

El abogado recordó que su defensa también acompaña a víctimas de otros episodios de violencia registrados en la región Puno, entre ellos los hechos del 14 de diciembre, 6, 7, 9 y 18 de enero, la masacre de Macusani del 18 de enero y otros acontecimientos ocurridos durante las protestas.

Tras casi cuatro años de búsqueda de justicia, la acusación fiscal abre una nueva posibilidad para los familiares de los fallecidos y los sobrevivientes, sin embargo, todavía queda pendiente el desarrollo del juicio oral, una etapa en la que las víctimas esperan que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades penales.

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