Durante el año 2024, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) en Ayacucho registraron más de 5300 denuncias por violencia, una cifra alarmante que visibiliza una realidad que muchas veces se silencia: el 87 % de las víctimas fueron mujeres.
La representante de Manuela Ramos, Janet Arones, advirtió que estas cifras reflejan solo una parte del problema.
“Detrás de cada número hay una historia. Muchas veces esas denuncias no avanzan por falta de personal capacitado o porque no se activan los protocolos a tiempo”, manifestó.
Actualmente, Ayacucho cuenta con tres CEM en zonas urbanas y algunas unidades de atención rural. Pese a estos esfuerzos, la rotación constante de personal y la falta de formación en enfoque de género e interculturalidad limitan seriamente la eficacia de estas instituciones.
“Las cifras son alarmantes pero también reflejan que más mujeres están denunciando. Ya no se callan. Eso es un paso importante”, explicó Janet, vocera de Manuela Ramos.
La violencia se ha vuelto cotidiana, incluso en los hogares. Solo el año pasado, 24 niñas menores de 14 años dieron a luz producto de violaciones sexuales en el Perú, un dato que evidencia fallas estructurales en el sistema de protección infantil.
“Se requiere personal capacitado en enfoque de género y derechos humanos. Además, la alta rotación impide que se construya una atención especializada y sostenida. Necesitamos formación continua”, añadió.
Manuela Ramos destacó la necesidad de un enfoque preventivo desde el sector educativo y comunitario.
“Eduquemos en igualdad desde la infancia. Enseñemos que la violencia es un delito. Promovamos familias democráticas y libres de violencia”, exhortó Janet.
Las cifras también revelan un grave problema estructural: 24 niñas menores de 14 años se convirtieron en madres producto de violación en Ayacucho en 2024.
“Eso demuestra cuánto falta para garantizar derechos fundamentales en nuestra región”, concluyó.
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