La minería ilegal se ha convertido en una de las mayores amenazas para la seguridad nacional del Perú. La provincia de Pataz, en La Libertad, es hoy el epicentro de una violencia creciente ligada a la lucha por el control del oro.

Entre el 25 y el 26 de abril, desaparecieron 13 agentes de seguridad. El 4 de mayo, la policía halló sus cuerpos en socavones del distrito. Estos hombres habían sido contratados por un minero artesanal formalizado. Su asesinato se suma a los 39 fallecidos en lo que ya se llama “la guerra por el oro”.

El economista José de Echave, exviceministro de Gestión Ambiental, fue claro: el Estado está perdiendo la batalla. Pese a 16 meses de estado de emergencia en la zona, no hay resultados tangibles. Los asesinatos, secuestros y enfrentamientos siguen.

No hay estrategia. No hay inteligencia operativa. No hay control.

Las medidas recientes, como el toque de queda o la suspensión de actividades mineras por 30 días, son vistas como “saludos a la bandera”. No atacan el problema real. La violencia no ocurre en la superficie, sino en los socavones. Ahí se disputa el control de las vetas de oro.

De Echave denuncia que las fuerzas armadas no controlan nada. La DINOES y la policía están en Pataz, pero no actúan. Incluso el alcalde de Pataz ha criticado la ineficacia del gobierno. La policía no puede intervenir bajo tierra. No están entrenados. Y el Estado tampoco ha enviado equipos especializados.

Los 13 agentes asesinados formaban parte de un grupo privado contratado para desalojar una galería invadida. Fueron emboscados. El crimen revela la falta de control y la total desprotección estatal.

Dante Vera, analista de riesgos, advierte que lo de Pataz no es un caso aislado. Lo mismo ocurre en el Cenepa, Putumayo, Madre de Dios, Carabaya, Sandia y otros territorios. Zonas tomadas por la minería ilegal y grupos criminales transnacionales.

Vera afirma que estas mafias ya no solo protegen a los mineros artesanales. Ahora extorsionan, roban y se apropian de las operaciones mineras. Quieren controlar toda la cadena de valor del oro: desde la extracción hasta el procesamiento.

En Pataz hay 12 plantas de beneficio, y en Trujillo hay más de 50. Vera advierte: si el Estado no actúa, estas también caerán bajo control criminal. Comenzarán pagando cupos. Luego, serán tomadas. Así, las bandas dominarán toda la minería aurífera ilegal.

El oro hoy cotiza a más de 3.000 dólares la onza. Hace 20 años valía solo 270 dólares. Esto ha convertido al oro en el recurso más rentable para el crimen. Más que la coca. Más que la madera.

Según de Echave, en 4 años salieron más de 33 mil camiones con oro ilegal. Se transportaron 634 mil toneladas de mineral. Se movieron 3.500 millones de dólares sin fiscalización.

El registro de formalización minera (Reinfo), creado en 2016, no ha frenado la ilegalidad. Ya va por su sexta prórroga. Hay miles de mineros protegidos por esta norma. Muchos operan en zonas prohibidas. Y un decreto los exime de responsabilidad penal.

Hoy el Perú tiene instituciones porosas, debilitadas por la corrupción. Según Vera, los criminales estudian previamente el país, sus recursos y debilidades. Entran donde hay poca vigilancia, alto valor del mineral y estructuras estatales débiles.

Y ya han penetrado la política. De Echave denuncia que hay una bancada multipartidaria del Congreso vinculada a la minería ilegal. Incluso el presidente del Congreso representa a Madre de Dios y tiene vínculos con este sector.

La situación es crítica. Y el presupuesto no ayuda. En 2024, el Estado destinó 90 millones de soles para combatir la minería ilegal. En 2025, bajó a 70 millones.

“La minería ilegal es la amenaza más grande a la seguridad nacional”, afirma Vera. Si el Estado no actúa, grandes zonas del país quedarán en manos del crimen organizado.

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