El Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia advierte un riesgo que crece en silencio: el avance del dinero ilegal en campañas políticas. La minería ilegal, con más de 4,600 millones de dólares anuales en ganancias, supera al narcotráfico y al contrabando. Esa economía ilícita manejada por los mineros ilegales puede financiar miles de campañas electorales del 2026 en todo el país.

La alerta no se centra solo en la corrupción. Apunta a algo más grave: la toma del poder. Las mafias no quieren influir desde fuera. Buscan colocar sus fichas en los niveles más altos del Estado.

El poder del dinero ilegal en campañas políticas

El estudio “Análisis exploratorio de economías ilegales y elecciones” detalla cifras alarmantes. En 2026 podrían financiarse hasta 2,368 campañas presidenciales. También 57,728 campañas congresales y más de 51,000 regionales. El informe identifica a los mineros ilegales como el grupo con mayor capacidad de inversión.

Estas redes buscan más que aliados. Necesitan operadores en el Congreso, regiones y municipios. Algunas bancadas del actual Parlamento ya defienden sus intereses. Según el abogado ambientalista César Ipenza, esa bancada multipartidaria incluye a Fuerza Popular, Avanza País, Perú Libre, Acción Popular, Alianza Para el Progreso, Somos Perú, Renovación Popular y Podemos Perú.

La infiltración no comienza en la urna. Inicia en los partidos. Las mafias se afilian, colocan candidatos, diseñan agendas y financian campañas. Utilizan fundaciones, empresas fachada, consultoras o testaferros. Pueden manipular encuestas, comprar publicidad y hasta definir debates.

Ese poder económico convierte al dinero ilegal en campañas en un fenómeno estructural. Las mafias ya no dependen de influencias externas. Prefieren tener representantes propios.

Elecciones en riesgo: una estructura para capturar el Estado

El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) ya mostró un adelanto. Varios congresistas defendieron prórrogas sin exigir condiciones claras. Las economías ilegales no solo presionan. Aprendieron a “producir” candidatos. Capturan partidos, financian campañas y colocan operadores políticos.

El estudio advierte que el Estado no ha desarrollado herramientas efectivas para frenar esta infiltración. No fortalece la inteligencia financiera. No exige verificación pública de los aportes de campaña. Tampoco implementa estándares éticos para partidos o candidatos.

El silencio institucional permite que el dinero ilícito gane terreno. Sin control ni vigilancia, las elecciones del 2026 podrían abrir la puerta a un poder paralelo. Uno que no responde al pueblo, sino a redes criminales. Las reglas democráticas se mantienen, pero la competencia ya no es equitativa.

El informe concluye sin optimismo. Las economías ilegales no solo tienen recursos. También dominan estrategias de poder. El sistema político, si no responde, corre el riesgo de quedar a su servicio.