Victoria histórica marca un precedente que frena la criminalización y estigmatización que sufren los defensores ambientales del territorio frente a la contaminación causada por empresas mineras.

El Poder Judicial del Perú reconoció la inocencia total de diez comuneros y comuneras de Urinsaya que fueron absueltos, culminando exitosamente un proceso contra la minera Las Bambas que duró cinco angustiosos años. La importante decisión del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial A de Cusco sienta un precedente crucial contra la estigmatización que enfrentan los defensores ambientales en Perú.

Este fallo judicial también combate la criminalización de aquellas personas que legítimamente protegen sus territorios de la severa contaminación causada por grandes empresas mineras. El Juzgado absolvió a ocho hombres y dos mujeres de la comunidad de Urinsaya, localizada en Espinar, quienes fueron acusados injustamente de un supuesto secuestro.

La acusación se originó después de la participación de los comuneros en una protesta pacífica efectuada el treinta de enero del año dos mil veinte, manifestando su rechazo directo. Dicha protesta se realizó contra la visible contaminación generada por los cientos de camiones de la minera Las Bambas, los cuales atraviesan diariamente el territorio comunal.

El Juzgado, presidido por el magistrado Miguel Ángel Castelo Andia, emitió el 23 de octubre de 2025 la sentencia que confirmó la completa falta de pruebas sólidas presentadas por la Fiscalía de Espinar. El magistrado afirmó claramente durante la audiencia que no puede considerar probado un hecho por meras especulaciones, pues todo debe estar debidamente acreditado.

Fallo judicial es clave para la justicia ambiental en Cusco

Además, el Juzgado enfatizó que tres de los acusados ni siquiera se encontraban presentes en el lugar donde ocurrieron los hechos durante la manifestación de la comunidad. El juez también señaló que no existe ninguna constancia de un supuesto acto violento llevado a cabo por parte de los diez acusados durante la protesta ambiental.

La persona que supuestamente hizo la denuncia de secuestro durante el juicio oral negó rotundamente haber presentado dicha acusación y no reconoció su firma en el acta policial. El hecho sugiere directamente que la grave acusación pudo haber sido fabricada intencionalmente con el propósito de silenciar a los diez defensores ambientales.

Roger Choqueccota Qquehue, uno de los comuneros absueltos, manifestó una profunda satisfacción frente a la sentencia del Juzgado. El comunero declaró que, después de cinco largos años de angustia sufrida por sus familias y la comunidad, la justicia finalmente reconoce la inocencia completa de todos los acusados.

El señor Choqueccota Qquehue describió la sentencia como un triunfo trascendental para toda la comunidad de Urinsaya que luchaba por la justicia ambiental. Katherine Páucar, abogada de la organización EarthRights International (ERI), quien representó legalmente a tres de las personas acusadas, celebró el fallo. La abogada Páucar señaló que la sentencia, emitida con profunda justicia, reconoce la criminalización que sufren las personas que defienden firmemente el ambiente.

Garantía del derecho a la portesta

Además, reconoció la lucha de las comunidades frente a los diversos abusos cometidos por las empresas mineras operando en el Perú. Esta importante decisión judicial representa un avance significativo y sienta un precedente legal clave hacia el total respeto y la plena garantía del derecho a la protesta pacífica. La abogada Katherine Páucar hizo un urgente llamado a la Fiscalía de Espinar para que se abstenga de apelar esta decisión judicial completamente justa.

Ello pondría fin definitivamente al daño provocado por este prolongado proceso judicial, el cual afectó la salud mental y la economía de los diez acusados y sus respectivas familias. Páucar concluyó que la Fiscalía tiene la obligación de estar del lado de la justicia y no interponer más recursos para obstaculizarla. La absolución de los diez defensores del territorio comunal reivindica su derecho fundamental a la protesta.