El proyecto de agua potable para la provincia de San Román registra un avance de solo 16% cuando debía alcanzar 40% al 29 de septiembre, según informe de la Contraloría, mientras las obras priorizadas del primer tramo permanecen sin concluir ni contar con equipo de supervisión para recepcionar y entregar a SedaJuliaca, denunció el presidente de la Central de Barrios, Eusebio Cabrera Chunga, este jueves.
La Unidad de Coordinación del Proyecto firmó contrato para iniciar la segunda etapa sin haber concluido las obras priorizadas ni el PMR dos, incumpliendo procedimientos normativos que exigen entregas técnicas con supervisión aprobada antes de transferir infraestructura a Seda Juliaca, situación que también involucra a la ingeniera Rocío Gómez responsable de la licitación.
«Hay una clara muestra de que están incumpliendo los procedimientos que tienen que cumplir conforme a la normativa. Quieren presionar a los pobladores del sector salida Lampa para que se reciba esa obra en cualquier situación», declaró Cabrera, señalando que el Ministerio de Vivienda no accede a mesa de diálogo solicitada mediante memorial por beneficiarios y entidades comprometidas.
Entrega prevista se posterga
El proyecto debía concluir en 2024 pero la licitación permanece inconclusa, con nuevo plazo de tres años y cuatro meses que Cabrera considera incumplible. El retraso impide entregar la obra el 13 de diciembre como estaba programado, mientras el director ejecutivo del Programa Nacional de Saneamiento Urbano no plantea soluciones conjuntas con la UCP ni convoca reuniones técnicas.
La población juliaqueña ve alejarse el acceso a agua potable por incumplimientos técnicos y administrativos que obligan a Seda Juliaca a recibir obras mal concluidas. Cabrera advirtió que pobladores plantean medidas de protesta ante la falta de respuesta del Ministerio de Vivienda sobre procedimientos pendientes de las dos obras involucradas en el PMR dos.
La Central de Barrios exigió que la PMO asuma la licitación de la cuarta etapa, función para la cual fue contratada, mientras una profesional pretende involucrar nuevamente a la UCP. El Ministerio de Vivienda y el Programa Nacional de Saneamiento Urbano deben responder sobre responsabilidades contractuales y plazos incumplidos que comprometen el derecho al agua potable en San Román.
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