El Observatorio de Minería Ilegal (OMI) considera que los primeros cien días del nuevo gobierno serán determinantes para frenar la minería ilegal, una actividad que ya supera al narcotráfico como economía ilícita. En días pasados, presentó diez propuestas para desactivarla.

De esas decisiones dependerá si esta actividad se detiene o continúa expandiéndose. El especialista del OMI, César Ipenza, consideró que el nuevo gobierno debe entender que la minería ilegal ya es la principal actividad delictiva del país y la que más dinero mueve, con cerca de 11.500 millones de dólares. Además, provoca graves impactos ambientales e incentiva delitos conexos.

Para el Observatorio, urge cerrar definitivamente el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Ese registro se convirtió en escudo para mineros informales que siguieron extrayendo oro sin controles. El nuevo gobierno no debería ampliarlo más, sino diseñar un régimen temporal que anticipe su cierre.

Otra propuesta es aplicar el principio de responsabilidad ambiental para que los mineros que operan en zonas prohibidas respondan en lo penal y lo civil. El año pasado, el Tribunal Constitucional recomendó eliminar la exención de responsabilidad para los mineros con REINFO. Sin embargo, el gobierno actual no hizo nada, por lo que el próximo presidente deberá acabar con ese blindaje legal.

También se debe asegurar presupuesto para combatirla. No se pueden realizar interdicciones en las zonas controladas por mafias si la Fiscalía no tiene recursos (este año tiene cero soles). Además, exige medidas antisoborno en el Ministerio de Energía y Minas, dado que la Dirección de Formalización Minera arrastra denuncias de corrupción y expedientes observados de años atrás.

Otra medida consiste en aprobar una ley que elimine el uso del mercurio, metal que contamina ríos, suelos y poblaciones. La meta es prohibirlo totalmente en 2030. Respecto a la trazabilidad del oro, plantea poner en funcionamiento el Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMMA). Este sistema busca reforzar la trazabilidad de minerales. Asimismo, propone aprobar un decreto supremo que prohíba la minería en ríos amazónicos.

Estas propuestas están dirigidas a los candidatos Keiko Fujimori, de Fuerza Popular (FP), y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú (JP). Según el Observatorio, sus planes de gobierno presentan vacíos, porque ninguno explica cómo resolverá el problema. FP no precisa cómo cerrará el REINFO ni cómo financiará una estrategia sostenida contra el crimen vinculado al oro ilegal. Mientras que JP propone cooperativas mineras, propiedad social, extinción de concesiones que no estén en actividad y reducir los plazos de caducidad de concesiones formales.

Ipenza dijo que esos vacíos obedecen a dos posibles razones. “O ignoran la realidad del país y no entienden lo que implica esta actividad ilegal, por lo que no merecen gobernarnos; o están estrechamente vinculados a esa actividad y, por eso mismo, no la cuestionan ni plantean medidas concretas, reales y efectivas”.