La denuncia presentada por un defensor de animales contra funcionarios vinculados al control canino en el distrito de San Juan Bautista ha reavivado cuestionamientos sobre el manejo de perros recogidos por la municipalidad y la presunta falta de registros sobre su destino final. El caso ya se encuentra en etapa de diligencias fiscales tras la entrega de fotografías, videos y otros elementos que, según el denunciante, evidenciarían presuntos actos de maltrato animal y posibles irregularidades administrativas.
El denunciante, Elvis Barrios, señaló que desde hace varios años ha solicitado información relacionada con el control de perros en situación de abandono, así como registros de adopciones, devoluciones a propietarios y otros procedimientos ejecutados por el área responsable. Según afirmó, pese a diversos pedidos realizados desde 2021, no habría recibido documentación completa que permita conocer el destino de todos los animales recogidos por la comuna.
Barrios indicó que la denuncia formal fue presentada contra el médico veterinario encargado del servicio municipal y otros trabajadores presuntamente involucrados en las acciones denunciadas. Asimismo, mencionó que la investigación también alcanza a funcionarios responsables de supervisar el programa debido a sus funciones administrativas.
De acuerdo con su versión, la preocupación principal radica en la presunta desaparición de perros que fueron recogidos por el municipio y que posteriormente no figurarían en registros de adopción ni de devolución a sus dueños. El denunciante sostiene que habría recopilado fotografías y videos proporcionados por personas que solicitaron mantener su identidad en reserva por temor a represalias.
Entre los hechos expuestos también figura un presunto caso de exterminio masivo de perros ocurrido años atrás en diversos sectores del distrito. Según Barrios, recientemente se habrían incorporado nuevas evidencias audiovisuales que motivaron la reactivación de las acciones legales y que actualmente forman parte de la investigación fiscal.
Hasta el momento, las acusaciones corresponden únicamente a la versión del denunciante y deberán ser corroboradas por las autoridades competentes durante el desarrollo de las diligencias. La investigación busca determinar la autenticidad de las pruebas presentadas y establecer si existieron o no infracciones a la normativa vigente sobre protección y bienestar animal.
En el Perú, la Ley n.º 30407, Ley de Protección y Bienestar Animal, establece sanciones para quienes cometan actos de crueldad o maltrato contra animales domésticos y silvestres mantenidos en cautiverio. La norma también promueve la tenencia responsable y la adopción de medidas orientadas al control poblacional mediante campañas de esterilización.
Especialistas y organizaciones dedicadas a la protección animal han señalado en diversas oportunidades que la esterilización constituye una de las estrategias más utilizadas para reducir la sobrepoblación de perros y gatos en situación de abandono, evitando así problemas de salud pública y conflictos relacionados con el bienestar animal.
La Fiscalía será la encargada de determinar si existen responsabilidades penales o administrativas derivadas de los hechos denunciados.
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