Ante el nombramiento del nuevo ministro de Vivienda, el excandidato a senador por Fuerza Popular Mauricio Arnillas, vale recordar una de sus últimas promesas antes de asumir el cargo ministerial. Durante la segunda vuelta propuso la formalización masiva de zonas periféricas de Arequipa mediante un decreto de urgencia. La medida abarcaría el cono norte y el cono sur de la ciudad, donde habitan cerca de 300,000 personas. Sin embargo, especialistas advierten que la iniciativa vulnera de forma directa el marco legal y la jerarquía normativa del país.
Según el especialista en proyectos urbanos Elvis Jump, la planificación del uso del suelo ostenta rango constitucional y depende de una ley orgánica. Por esta razón, un decreto supremo o de urgencia carece de validez para sobrepasar las leyes orgánicas o quitar competencias a los municipios. Jump sostuvo que, a pesar de la inconsistencia legal de la propuesta, la Municipalidad Provincial de Arequipa debería autorizar los cambios de zonificación mediante ordenanzas y bajo el amparo de la ley de desarrollo urbano sostenible para agilizar la legalización de terrenos, pero sin anular el Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM).
Por su parte, en su momento el arquitecto Mauricio Huaco calificó la iniciativa del ahora ministro de vivienda como un «absurdo» sin asidero técnico. Huaco denunció que la medida, tal y como fue planteada, intentaría formalizar predios sin una evaluación previa de riesgos ni consulta a profesionales en gestión ambiental. El especialista afirmó que la propuesta quebranta el ordenamiento territorial y busca obtener únicamente un rédito político.
Peligro inminente en zonas de riesgo no mitigable
Huaco sostuvo que la titulación masiva resulta inviable para sectores vulnerables como las quebradas o las faldas del volcán Chachani, donde actualmente se encuentran invasiones y asociaciones de vivienda. No tomar esto en cuenta para realizar una formalización masiva retrasaría aún más el ordenamiento territorial de la ciudad. Por otro lado, la legislación actual por sí sola prohíbe formalizar asociaciones asentadas en áreas de peligro. Elvis Jump dispuso que en estos casos, el Estado está en la obligación de asistir y reubicar a la población en terrenos seguros.
Impacto en el tráfico de tierras y la seguridad urbana
El especialista también argumentó que la formalización solo debe aplicarse a sectores con requisitos técnicos y con una antigüedad a partir de los 10 años, siempre y cuando su ubicación sea la adecuada. Jump indicó que regularizar propiedades habitadas frenaría el tráfico de terrenos y resta financiamiento a las bandas criminales en las periferias. En cambio, otorgar facilidades a invasiones recientes y con poco sustento técnico promueve el crecimiento descontrolado y expone a la ciudad a severos riesgos ambientales.
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