La región Puno vuelve a situarse en el centro del debate sobre la minería aurífera luego de la incautación de un lingote de oro valorizado en más de US$ 600 000, presuntamente vinculado a actividades de minería ilegal. El caso coincide con las propuestas para instalar una planta de beneficio aurífero en la región, iniciativa que busca procesar el mineral localmente e incrementar los ingresos por canon minero.

La intervención fue ejecutada por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos (Sexto Despacho), que dispuso la incautación de una barra de oro de 5,31 kilogramos cuando se encontraba en proceso de exportación con destino a India.

Fiscalía investiga presunto lavado de activos

El lingote permanece bajo custodia del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), en una bóveda del Banco de la Nación, mientras continúan las investigaciones.

El Ministerio Público investiga por el presunto delito de lavado de activos a Maritza Tapara, Nadya Soncco y la empresa Esfamin E.I.R.L., en el marco de una pesquisa relacionada con la presunta comercialización de oro de origen ilegal.

Las diligencias estuvieron a cargo del fiscal provincial Pablo César Espinoza Vásquez y de la fiscal adjunta provincial Angélica Yovana Ortiz Loa, con apoyo de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (DIRILA).

Es importante precisar que las investigaciones se encuentran en etapa fiscal y serán las autoridades judiciales las que determinen las responsabilidades correspondientes conforme al debido proceso.

Proyecto de planta de beneficio abre debate

Paralelamente, la empresa Paltarumi S.A.C. evalúa instalar una planta de beneficio aurífero en Puno con el propósito de procesar el mineral dentro de la región y evitar su traslado a otras ciudades o al extranjero para su refinación.

Según la empresa, esta iniciativa podría elevar significativamente los ingresos por canon minero, que actualmente bordean los S/ 9 millones, con la expectativa de superar los S/ 100 millones si el procesamiento se realiza íntegramente en territorio puneño.

La propuesta ha generado expectativas por su potencial impacto económico, aunque también ha reabierto el debate sobre los controles que deben aplicarse para evitar que este tipo de instalaciones sean utilizadas para introducir oro de procedencia ilegal al circuito formal.

Especialistas advierten sobre controles y trazabilidad

El debate cobra mayor relevancia tras conocerse antecedentes judiciales relacionados con el uso indebido de plantas procesadoras para dar apariencia de legalidad al oro extraído de manera ilícita.

Uno de los casos más emblemáticos ocurrió en la región La Libertad, donde el Poder Judicial condenó a personas vinculadas al lavado de activos mediante la comercialización de oro cuya procedencia ilegal fue ocultada utilizando documentación de formalización minera.

Las investigaciones determinaron que el mineral ingresó al mercado formal tras verificarse únicamente la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y del Registro Único de Contribuyentes (RUC), sin acreditarse plenamente el origen del oro.

Especialistas consideran que estos casos evidencian debilidades en los mecanismos de trazabilidad del sector minero. Diversos estudios estiman que en el país operan cerca de 400 plantas de beneficio, varias de ellas con limitados mecanismos de control sobre la procedencia del mineral que procesan.

Asimismo, el Instituto Peruano de Economía (IPE) estima que más del 40 % del oro exportado por canales formales no tendría un origen plenamente identificado, situación que ha motivado el fortalecimiento de las acciones de supervisión por parte de la SUNAT.

El reto: impulsar la inversión con mayores controles

Especialistas coinciden en que una planta de beneficio en Puno podría representar una oportunidad para generar empleo, fortalecer la formalización minera e incrementar los recursos que recibe la región por concepto de canon minero.

Sin embargo, advierten que cualquier proyecto deberá implementarse bajo estrictos mecanismos de fiscalización, trazabilidad y transparencia que permitan garantizar el origen legal del mineral y evitar que las instalaciones sean utilizadas para el lavado de activos o la comercialización de oro de procedencia ilícita.

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