En el marco de la cobertura de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el programa Centrífugos presentó un informe sobre los antecedentes y alertas rojas (red flags) de los candidatos que aspiran al Gobierno Regional y a la Alcaldía Provincial del Cusco. El segmento contó con la participación especial del periodista Marco Sifuentes, director de La Encerrona, como parte de un trabajo conjunto realizado en alianza con la Red de Medios Regionales del Perú para fiscalizar el proceso electoral a nivel regional.

El análisis, elaborado junto a la investigadora Kimberly Mendoza, busca exponer las investigaciones judiciales, sentencias e irregularidades registradas en las hojas de vida de los postulantes.

Candidatos a la Gobernación Regional del Cusco: casos de ‘Los Niños’, antecedentes comerciales e investigaciones por colusión

Entre los postulantes que buscan dirigir el Gobierno Regional del Cusco se analizaron los siguientes perfiles:

• Luis Aragón (Acción Popular): El excongresista se encuentra investigado en el caso Los Niños. Durante su gestión parlamentaria cuestionado por admitir una relación amical/sentimental con la excongresista Patricia Chirinos y por realizar un viaje a China financiado por la empresa Huawei cuando ejercía la presidencia de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso. Adicionalmente, un informe periodístico reveló que la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) determinó un perjuicio económico de S/ 8,000 debido a faltas injustificadas a sus labores docentes.
• Héctor Acurio Cruz (Ahora Nación): Figura como exsocio de Hugo Chávez, exgerente de Petroperú durante la gestión de Pedro Castillo. La empresa en la que participaban fue inhabilitada para contratar con el Estado. Acurio ha estado vinculado políticamente a agrupaciones de izquierda y a personajes como Guido Bellido.
• Ricardo Yuri Cornejo Sánchez (Avanza País): Conocido como el «eterno alcalde de Canchis», ha ocupado la alcaldía en cuatro oportunidades y ha postulado diez veces desde 1992 en diversas agrupaciones políticas (como FREPAP, FRENATRACA, PRINT y Avanza País). Registra una investigación iniciada en 2014 por colusión agravada, asociación ilícita y negociación incompatible vinculada a presuntas irregularidades en la compra directa de un terreno para el terminal terrestre de Sicuani.

Alcaldía Provincial del Cusco: desaparición de bienes incautados, cuotas obligatorias y contratos familiares

En el ámbito de la Alcaldía Provincial del Cusco, la revisión de antecedentes identificó severas irregularidades funcionales y éticas:

• Sergio Sulca Condori (Actual alcalde de Santiago y candidato a Cusco): Investigado por la desaparición de 120 cajas de cerveza que habían sido decomisadas por el municipio en 2023, hecho en el que se apagaron las luces y las cámaras de seguridad del depósito municipal y donde se vinculó a su chofer. Asimismo, denunciado por trabajadores municipales por exigirles cobros de S/ 100 para financiar su fiesta de cumpleaños bajo amenaza de no renovarles el contrato.
• Albert Arenas Yábar: Aparece mencionado en un informe de la Contraloría General de la República por su desempeño en el Gobierno Regional del Cusco en relación con la adenda del Hotel Sanctuary Lodge en Machu Picchu. Además, sentenciado judicialmente tras una demanda por deudas formulada por una cooperativa de ahorro y crédito. Dicha resolución judicial omitió consignar en su declaración jurada de hoja de vida en 2022.
• Eduardo Sanz (Progresemos): Exgerente del Gobierno Regional del Cusco denunciado penalmente por negociación incompatible al haber adjudicado un contrato estatal por aproximadamente S/ 394,000 a la empresa Turismo Yábar, cuyo representante legal era su tío.

Criterios periodísticos para la identificación de ‘red flags’ en candidaturas de las Elecciones 2026 en Cusco

Según detalló Marco Sifuentes, la revisión aborda el universo total de candidatos para seleccionar aquellos casos que presentan alertas legales o éticas de sustento comprobado. El equipo precisó que las denuncias de carácter puramente político —como los procesos abiertos por participación en manifestaciones sociales— no son consideradas como alertas de corrupción. El enfoque es exclusivamente en delitos funcionales, faltas de transparencia e incumplimientos judiciales.