Los alcaldes de seis distritos en la provincia de Espinar han solicitado la priorización de proyectos con recursos del Convenio Marco. Estos líderes locales enviaron una comunicación al comité de gestión del Convenio Marco, expresando su inquietud sobre la distribución de los fondos para el año 2024. Los ediles consideran injustificado el nuevo bono aprobado y piden que se asignen presupuestos a proyectos de inversión pública.

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El pedido se dirige a la alcaldesa de la provincia, Cludy Laguna. Los alcaldes buscan que el financiamiento se destine a proyectos que cierren las brechas sociales en los distritos más necesitados. Critican la asignación de bonos para los espinarenses golondrinos, que consideran menos urgente. Desde 2020, con la entrega del primer bono, los municipios y comunidades campesinas han suspendido proyectos esenciales como agua potable, cosecha de agua, y programas de salud y educación. La aprobación del cuarto bono agravó la situación al postergar indefinidamente estos proyectos.

La reciente resolución del Ministerio de Economía y Finanzas (Nº 0031-2023-EF/50.01) ha generado más preocupación. Este recorte presupuestal significativo para 2024 ha afectado a los gobiernos locales que dependen de fondos por canon y regalías mineras. La población local, junto con las autoridades municipales, teme que esta reducción impacte negativamente en el desarrollo de proyectos cruciales.

Comuneros y alcaldes de Espinar exigen priorizar proyectos con recursos del Convenio Marco

Además, la Asociación de Regantes del Cañón de Apurímac también se ha unido al reclamo. Esta organización ha realizado movilizaciones exigiendo financiamiento para la ejecución de saneamiento y la adquisición de terrenos necesarios para construir infraestructura hídrica. Estas demandas reflejan una necesidad urgente de reasignar recursos para proyectos que beneficien directamente a las comunidades locales.

Los alcaldes y diversas organizaciones locales insisten en que se debe priorizar la inversión en infraestructura básica sobre los bonos. La situación exige una revisión de las políticas de distribución de recursos para asegurar que se atiendan las necesidades más críticas de Espinar.