La Contraloría General de la República protege a los ciudadanos mediante la inspección de la prevención de inundaciones en Perú durante este año. Por ello, el organismo estatal envió un contingente superior a dos mil auditores especializados hacia las diferentes regiones para fiscalizar las labores preventivas. El personal desplegado examina minuciosamente el uso correcto del dinero público asignado a un total de dos mil dieciséis intervenciones de limpieza fluvial. Adicionalmente, esta estrategia busca mitigar los impactos destructivos sobre la infraestructura y resguardar los bienes de millones de familias vulnerables del territorio nacional.
La Comisión Multisectorial que dirige el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño mantiene actualmente la alerta debido a la persistencia de condiciones oceánicas inestables. En consecuencia, los expertos pronostican lluvias intensas junto con la activación de peligrosas quebradas y el desborde destructivo de diversos ríos del país. El Poder Ejecutivo emitió el Decreto Supremo cero noventa y siete dos mil veintiséis PCM con fecha del dos de julio de este año. Mediante este documento legal las autoridades instauraron el estado de emergencia en setecientos noventa y seis distritos por un plazo de sesenta días.
El contralor general César Aguilar lidera el control gubernamental que prioriza la prevención de inundaciones en Perú para asegurar la rentabilidad social del presupuesto
De este modo, la nueva gestión busca generar valor público real mediante actividades preventivas eficientes para lograr el manejo integral de desastres naturales futuros. Los fiscalizadores estatales comprueban el financiamiento y la ejecución física de los trabajos de remoción de tierras basándose en informes técnicos específicos oficiales. Específicamente, la Autoridad Nacional del Agua elaboró fichas referenciales con niveles de peligro muy alto y alto para los diversos gobiernos locales del país. Las Autoridades Locales del Agua remitieron oportunamente dichos documentos técnicos a los alcaldes provinciales y gobernadores regionales de las zonas bajo riesgo inminente. Así, los equipos de auditoría identifican rápidamente situaciones adversas que pongan en riesgo el cumplimiento real de los objetivos de protección para la población norteña.
El presupuesto total para financiar el mantenimiento de cauces asciende a la cifra millonaria de S/6709064585 según los registros oficiales de la institución. Por consiguiente, estas obras protegerán directamente a un millón cincuenta y cuatro mil ochocientos sesenta habitantes que sufren las inclemencias del clima actual. Los trabajos resguardarán 235725 viviendas familiares junto con 278147 metros lineales de la red de servicios esenciales de agua potable y alcantarillado nacional. Además, las intervenciones técnicas salvaguardarán 292392 metros de redes eléctricas y 2194 instituciones educativas públicas de los distritos que figuran en la norma legal. El plan de control simultáneo incluye la protección de 347 centros de salud ubicados a lo largo del territorio nacional actualmente afectado hoy. Finalmente, las obras evitarán daños severos en 179694 hectáreas de cultivos agrícolas y 1381 kilómetros de carreteras estratégicas para el comercio regional peruano.