AMAZONÍA. La Agencia de Investigación Ambiental (EIA por sus siglas en inglés) ha revelado una alarmante situación en la amazonía peruana. Según el informe ‘Parcelando la Amazonía’, diez empresas dedicadas a la producción de aceite de palma y cacao, con sede en Loreto y Ucayali, están impulsando la deforestación en la región.

Asimismo, estas compañías operan vulnerando derechos de los pueblos indígenas y sin respetar las leyes, todo ello en complicidad con autoridades del Gobierno. EIA exige acción internacional para detener la impunidad y proteger la región.

Cifras alarmantes

Según Geobosques, plataforma de monitoreo de los cambios sobre la cobertura de los bosques del Ministerio del Ambiente, en las últimas dos décadas, se han talado 2 774 563 hectáreas de bosque en Perú, una superficie similar a la de Haití. Aunque el Gobierno atribuye gran parte de esta pérdida a la agricultura a pequeña escala, la investigación de la EIA advierte sobre la deforestación para la agroindustria a escala industrial, como un problema cada vez mayor que pone en riesgo a la Amazonía peruana y a la que se debe prestar atención.

De acuerdo a este informe, diez empresas de palma aceitera y cacao han estado involucradas en una serie de prácticas abusivas y violaciones flagrantes de la ley. Entre los abusos documentados, se encuentran la tala rasa de casi 13 000 hectáreas por parte de siete de estas empresas, la adquisición ilegal de tierras mediante títulos de propiedad irregulares, el incumplimiento de la documentación ambiental requerida, las deudas impuestas por infracciones y la violación de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales.

Además, la EIA basándose en documentos oficiales, reveló que aproximadamente la deforestación ocurrida en las regiones de Loreto y Ucayali entre 2012 y 2018, alcanzó un total de 422 943 hectáreas, equivalente a casi el doble del área de Tokio. No obstante, cuando se realizaron los pedidos de información sobre los cambios de uso, solo 100 hectáreas contaban con la debida autorización.

“Se registró la obstrucción al acceso de información por parte de las comunidades sobre sus territorios. Durante nuestras conversaciones con antiguos propietarios, descubrimos que algunos recibieron compensaciones inferiores al valor real de sus tierras. Además, encontramos adjudicaciones irregulares, donde tierras destinadas a pobladores locales terminaron en manos de empresas”, señaló Julia Urrunaga, directora en Perú de la EIA.

Ausencia del Estado y leyes

También se revelan severas fallas de gobernanza por parte de estas compañías. Incluso se señalan casos de complicidad gubernamental al tolerar y permitir comportamientos abiertamente ilegales. Ello ha facilitado la impunidad y la continuación de estas prácticas destructivas en la Amazonía peruana.

«Estas actividades, para su realización, requieren la complicidad de funcionarios públicos, como se ha evidenciado en operativos contra el crimen organizado. Se ha comprobado la participación de estos en actividades como la minería ilegal, el tráfico de tierras y otras actividades ilícitas», explicó Frank Rivero, especialista forestal del Programa de Gobernanza Ambiental de Proética.

Empresas ante la EUDR

La investigación también expone cómo el aceite de palma producido por algunas de estas empresas entró en las cadenas de suministro de importantes firmas multinacionales. Estas son Kelloggs, Nestlé y Colgate. Además, fue comercializado a empresas con sede en Bélgica (Vandemoortele) y España (Lipsa), las cuales producen bienes para el mercado de la Unión Europea. 

Esta situación adquiere mayor gravedad con la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Deforestación de la Unión Europea (EUDR por sus siglas en inglés), que prohíbe las importaciones de mercancías procedentes de cualquier deforestación ilegal producida antes del 31 de diciembre de 2020.

Pedido urgente de la EIA

Ante esta alarmante situación, la EIA ha lanzado un llamado urgente a los Gobiernos de la Unión Europea, Estados Unidos, Noruega y Alemania, naciones que brindan asistencia para la conservación de los bosques tropicales, para que ejerzan su influencia y cooperen estrechamente con el Gobierno peruano.

“Hay una sensación muy alta de impunidad, sugerimos que se actué desde el Estado con el apoyo de la cooperación internacional, que se establezcan procesos legales legítimos y transparentes, que se modifique el marco normativo, que se acaben con los incentivos perversos del mercado para la ilegal y que se derogue la ley antiforestal”, concluyó Julia Urrunaga.

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