La entrada en vigencia del nuevo reglamento de la Unión Europea (UE) para productos libres de deforestación coloca contra el tiempo a miles de productores de café y cacao en la Amazonía peruana, pues desde el próximo 1 de enero de 2025 solo podrán exportar si es que garantizan que sus cultivos no han causado deforestación.

La UE, el segundo mercado más importante para Perú ―el primero es Estados Unidos―, aprobó dicho reglamento en 2023 con el propósito de “minimizar su contribución a la deforestación y degradación en el mundo”, y dio un plazo de un año y medio a los países exportadores, entre ellos Perú, para adecuarse a la norma.

Así, a partir de 2025 los 27 países que integran la UE no podrán admitir productos que provengan de tierras donde se haya deforestado después del 31 de diciembre de 2020, que es la fecha de corte establecida.

Café y cacao: principales impactados

En Perú la nueva reglamentación de la UE impacta directamente sobre el café, el cacao, la palma aceitera y la madera. Los dos primeros son los de mayor preocupación, pues el 51% de las exportaciones de café y el 32% de las de cacao tienen como destino la UE.

Ambos productos son el tercero y séptimo, respectivamente, que más envía Perú al viejo continente. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), en el 2023 Perú exportó a Europa cerca de 98,000 toneladas de café (USD 395 millones) y 34,000 toneladas de cacao (USD 129 millones).

En el caso de la madera, las exportaciones hacia la UE representaron alrededor del 25%. Y respecto a la palma, los principales mercados son más bien México (38%), Colombia (31%) y Chile (13%).

Solo en la Amazonía peruana, donde la agricultura es la segunda actividad económica más importante (26% del PBI), hay más de 520 mil productores involucrados. Según estima el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el 96.3% son pequeños y medianos productores, quienes conducen el 86.4% del total de la superficie cultivada.

La hoja de ruta del Midagri

Para garantizar que el café y el cacao estén libres de deforestación, la UE exige al Perú establecer puntos (en terrenos de hasta 2 hectáreas) o polígonos (más de 2 hectáreas) de georreferenciación. Estos permiten saber con precisión cuándo se instaló el cultivo y si se hizo a costa del bosque forestal.

La georreferenciación se hará con base en el Padrón de Productores Agrarios (PPA), que se viene implementado desde 2022 y que tiene como meta registrar a unos 2.2 millones de productores de todo el país, según indicó César Santisteban, director de Estadística e Información Agraria del Midagri.

“A la fecha, tenemos registrados a 120,224 productores de cacao y 286,702 productores de café. El 84% [de ellos] ya se encuentra georreferenciado en el PPA. Preliminarmente, se conoce que el 99% se ubica en zonas instaladas antes de 2020”, señaló Santisteban durante un evento público con productores realizado el pasado jueves 11 de abril.

Aunque no precisó cuándo estaría terminado el PPA, el funcionario enfatizó que “es el principal requisito” para realizar la georreferenciación y, por tanto, para poder continuar exportando. “Si el productor no está en el padrón, no hay manera de ayudarlo”, agregó.

Cabe señalar que, en enero pasado, el Midagri requirió a las 206 empresas, asociaciones y cooperativas que exportan café y cacao a la UE la relación de los productores que les proveen las materias primas. Esto con la finalidad de saber cuántos faltan empadronarse. Hasta la fecha, sin embargo, solo han contestado 20.

Trazabilidad: una nueva plataforma

Otro de los requerimientos de la UE es “garantizar la trazabilidad” en toda la cadena de producción, es decir, poder rastrear el origen de los productos y conocer detalles sobre el suministro, la comercialización, el procesamiento y hasta su llegada a los mercados. Todo ello debe ser cumplido a partir de una declaración de debida diligencia.

César Santisteban anunció que el Midagri implementará una nueva plataforma virtual con un sistema de consulta y monitoreo de origen-destino. Esta “permitirá saber de qué parcela viene el producto y si está libre de deforestación”.

Para ello también será necesario contar con un PPA actualizado, ya que esta herramienta estará vinculada con dicha plataforma para un efectivo seguimiento del lote de café o de cacao que se esté comercializado.

En cuanto a la debida diligencia, Inforegión pudo conocer que el Midagri ha solicitado el apoyo del Ministerio de Justicia ―entidad rectora en materia de empresas y derechos humanos― en la elaboración de un manual de debida diligencia sobre las obligaciones normativas de la UE dirigido establecer las competencias en la materia.

Costos para los productores

El gerente general de la Asociación Peruana de Productores de Cacao (APPCacao), Luis Mendoza, cuestionó el nuevo reglamento de la UE porque considera que implica costos adicionales para los pequeños productores y no se ha precisado si habrá financiamiento institucional desde la UE.

“La cadena de cacao se impulsó desde el inicio como una producción sostenible. Desde hace muchos años hemos dado impulso al tema de la certificación orgánica, el comercio justo, Rainforest, etc., que van en línea con el cuidado del medio ambiente. Ahora la UE pone una nueva obligación, que estamos tratando de cumplir, pero es un costo enorme”, sostuvo Mendoza en diálogo con Inforegión.

Según el dirigente, en la cadena de cacao hay casi un 70% de pequeños productores que no están asociados y que son los que más apoyo necesitan. Por otro lado, parece que la UE no está tomando en cuenta todas las acciones que se ha venido implementando para regenerar el bosque forestal y que, en general, contribuyen a la Amazonía y a la misma población.

“El cultivo ha avanzado, pero no a costa de la deforestación. Más bien, el cacao ha sido reforestador, porque es un cultivo amigable, sostenible, que captura carbono. Hay zonas donde se promueve sistemas agroforestales, con caoba, caucho, tornillo y especies que crecen de manera sinérgica con el cultivo de cacao. Sin embargo, la UE no habla de toda esta compensación, sino solo de verificación”, afirmó Mendoza.

Sobrecostos

De acuerdo con David Gonzáles, coordinador de la Cámara Peruana del Café y Cacao, esta situación ejerce presión sobre la productividad, ya que los precios pueden variar en la medida que se implemente estos nuevos requisitos.

Además, no será posible ampliar el área de cultivo para obtener un mayor volumen, sino que será necesario aumentar la producción, lo cual puede condicionar los costos para los agricultores.

“La discusión va por un aspecto muy puntual: el tema de la implementación. ¿Quién va a ser responsable de cada proceso? Nadie duda de que esta norma sea necesaria ni que el comercio pueda perfeccionarse, pero hay costos que se asume más en este lado que en el otro (Unión Europea)”, señaló Gonzáles a Inforegión.

Norma de talla única

Hasta ahora, el único apoyo que la Unión Europea ha comprometido en Perú respecto al nuevo reglamento para productos libres de deforestación es la ejecución de un proyecto sobre identificación digital, basado en el Padrón de Productores Agrarios (PPA).

Este proyecto, sin embargo, recién comenzaría a implementarse en el segundo semestre de 2024, según lo anunció Olivier Coupleux, jefe de la Sección Económica y Comercial de la Delegación de la Unión Europea en el Perú.

Para David Gonzáles, de la Cámara del Café y Cacao, el reglamento corresponde a una decisión unilateral e inconsulta que, además, no ha considerado los distintos contextos de los países exportadores.

“Si bien se habló de que estas normas iban a venir, no es que el proceso se haya hecho con una discusión de parte. Es una norma de talla única, porque la situación del Perú no puede ser comparable con la de otros países que tienen mayor formalidad, cohesión y mayor territorio”, sostuvo.

Gonzáles explicó que “no es que el reglamento de la UE sea una norma mala, pero tiene sus complicaciones. Faltó una visión compartida, conjunta” con los países involucrados, con el fin de no dejarlos solos en el proceso de adecuación, sobre todo, cuando la UE es el principal interesado en el tema.

Rechazo a la norma europea

En junio de 2023, Indonesia y Malasia, los dos mayores productores de aceite de palma, calificaron la ley de “intrínsecamente discriminatoria y punitiva por naturaleza”, lo cual fue rechazado por la Unión Europea, poniendo en jaque un acuerdo de libre comercio.

A fines de ese año, Brasil e Indonesia presentaron una carta conjunta de 17 países en la que expresan su preocupación por la implementación de este reglamento, señalando que generará una sobrecarga para los exportadores e interrumpirá el comercio internacional. Así también, señalaron el enfoque de “talla única” de la medida, que no considera que cada país tiene un proceso distinto del conjunto de obligaciones solicitadas por la UE.

Por ello, en marzo pasado, el Ministerio de Agricultura de Austria y otros seis estados propusieron retrasar la implementación del reglamento, así como eximir a los pequeños productores europeos de su alcance, según informó el medio Euractiv.

Titulación de tierras

El tiempo también juega en contra respecto a la asignación de derechos sobre las tierras de producción. Esta brecha, que no logra cerrarse, genera inseguridad jurídica para los productores y representa una amenaza para los bosques y otros ecosistemas, debido a la expansión no planificada de actividades agrarias en la Amazonía.

Al respecto, el Midagri viene formalizando las tierras utilizadas a través de la entrega de títulos de propiedad en zonas agropecuarias y de contratos de cesión en uso (CCUSAF) en zonas agroforestales y de protección amazónicas.

Según Bruno Bocchio, asesor del Despacho Viceministerial de Políticas y Supervisión de Desarrollo Agrario del Midagri, tanto la titulación como la entrega de CCUSAF “va a tomar un cierto tiempo”. Aunque no precisó plazos, se estima que este proceso tomará al menos cinco años.

“Si en los años de vigencia de la Ley Forestal (desde 2011) solo se ha podido otorgar 800 CCUSAF ―principalmente en la región San Martín, que es la que contaba con zonificación forestal, y recientemente se ha unido la región Ucayali―, pasar a 93 mil no va a ser una tarea que se pueda dar en lo que resta del año”, señaló.

Actualmente, solo 27 millones de hectáreas (35% de la superficie amazónica) cuentan con información sobre su capacidad de uso mayor, según el Midagri. Otras 36 millones no la tienen, es decir, no se ha evaluado su aptitud para saber cuál es su uso principal.

Esto es importante porque permite determinar si un área en la Amazonía corresponde a una zona agropecuaria (destinada para el uso agropecuario) o es forestal y de protección (destinada para el aprovechamiento forestal y de fauna silvestre).

Registro temporal

Mientras tanto, el Midagri plantea crear un registro administrativo temporal para que los productores puedan seguir realizando sus actividades sobre la tierra. Para acceder a este régimen, se deberá cumplir determinados requisitos y obligaciones: principalmente, no retirar cobertura forestal adicional a la que ya se haya deforestado.

Parte de los requisitos son estar empadronado, no tener condena por delitos contra los recursos naturales, y estar fuera del ámbito de exclusión de la norma (áreas de carácter intangible), por ejemplo, áreas naturales protegidas, reservas indígenas o sitios Ramsar.

“Las exigencias normativas constituyen hoy una limitante en el proceso de adecuación de las actividades agrarias en la Amazonía. Lo que se busca es garantizar, ante la UE, el cumplimiento de la normativa nacional en lo referente a derechos de uso de suelo, la gestión ambiental y la legislación de bosques”, sostuvo Bruno Bocchio, del Midagri.

A nueve meses de que se empiece a aplicar las nuevas condiciones de la Unión Europea para admitir productos de la Amazonía peruana, hay medio millón de agricultores que se mantienen a la expectativa.

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