El juez José Leonel Matos Centeno dejó de estar al frente del Juzgado de Investigación Preparatoria de Pampas-Tayacaja desde el 1 de setiembre, semanas después de que la Primera Sala Penal de Apelaciones de Junín revocara la prisión preventiva que había impuesto a ocho militares por el caso Colcabamba.
La salida del magistrado se produce mientras continúan las acciones en su contra. Matos Centeno fue denunciado ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) luego de ordenar 12 meses de prisión preventiva para los militares investigados por homicidio calificado y tentativa, por la intervención del 25 de abril en Colcabamba.
El 7 de agosto, la Primera Sala Penal de Apelaciones de Junín revocó la medida al considerar que la resolución presentaba deficiencias de motivación. Los ocho militares recuperaron su libertad y la sala dispuso que otro juez vuelva a evaluar el pedido de prisión preventiva.
El cambio en el juzgado quedó formalizado con la designación de la abogada Liliveth Quispe Orellana como jueza supernumeraria. Ella juró el 10 de setiembre, en una ceremonia encabezada por el presidente encargado de la Corte Superior de Justicia de Junín, Carlos Calvo Castro.
La designación está contenida en la Resolución Administrativa N.° 001943-2026-P-CSJJU/PJ. Sin embargo, la Corte no precisó en el comunicado cuál fue la razón por la que Matos Centeno dejó el cargo el 1 de setiembre. No se señala si se trató de una suspensión disciplinaria, u otra medida administrativa.
El juez afronta además una denuncia ante la JNJ presentada por el senador fujimorista Fernando Rospigliosi. El organismo admitió la queja y, a fines de agosto, solicitó a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial el récord disciplinario del magistrado.
La defensa de los militares también presentó una denuncia penal contra Matos Centeno por los presuntos delitos de prevaricato y falsedad ideológica.
Por ahora, lo confirmado es que Matos Centeno dejó el juzgado de esta provincia y Quispe Orellana, quien fuera su asistente, asumió como jueza supernumeraria.
El caso Colcabamba sigue en investigación y el nuevo magistrado deberá evaluar el pedido de prisión preventiva dispuesto por la sala superior.
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