La Autoridad Nacional del Agua (ANA) advirtió que la permanencia de viviendas en la torrentera Chullo representa un peligro crítico tras las recientes lluvias. Ricardo Arbañil, administrativo de la entidad, reveló que las autoridades regionales y locales recibieron alertas sobre este riesgo desde octubre de 2025. Pese a las notificaciones preventivas, la ocupación del cauce facilitó afectaciones que pudieron evitarse con un ordenamiento territorial adecuado.
El funcionario técnico calificó como ilegal cualquier tipo de construcción ubicada dentro del cauce o la faja marginal de la torrentera. Las inspecciones en la zona de la torrentera Chullo y Yanahuara confirmaron que estas viviendas no cuentan con condiciones de seguridad para sus habitantes.
La ANA subrayó que los cauces deben permanecer libres de obstáculos para permitir el flujo natural del agua y prevenir desastres similares a los ocurridos recientemente.
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La recomendación final de la ANA fue la desocupación y demolición de las estructuras que invaden el espacio hídrico. Arbañil aclaró que, aunque su institución delimita las áreas de riesgo, la facultad para ejecutar los desalojos pertenece a las municipalidades y al Ministerio Público. Actualmente, un equipo especializado de la sede central realiza nuevas evaluaciones técnicas en la quebrada Chullo para formalizar las acciones legales necesarias.
Delimitación técnica de las fajas marginales
La normativa vigente establece que las fajas marginales deben tener un ancho mínimo de 4 metros, aunque esta medida es variable. La extensión real depende de una modulación hidráulica que considera el comportamiento de la torrentera durante las crecidas. Según Arbañil, la ANA ya habría cumplido con delimitar estos espacios en los sectores críticos para que los entes correspondientes hagan respetar los límites establecidos.
A raíz de los eventos del 19 de febrero, un equipo de trabajo de la sede central de la ANA inició una nueva evaluación en las quebradas Chullo y otras torrenteras.
El objetivo de este informe técnico es actualizar el catastro de daños y determinar qué otras viviendas deben ser retiradas para evitar tragedias futuras. Los resultados de este estudio serán comunicados a los gobiernos locales para que procedan con las acciones de fiscalización y demolición.
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