El Ejecutivo autorizó una transferencia de S/ 1,137 millones a favor del Ministerio de Defensa para financiar la recuperación de capacidades operativas en aviones caza del Grupo Aéreo N° 4, ubicado en la Base Aérea La Joya, en Arequipa. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N° 020-2026-EF, publicado en edición extraordinaria del diario oficial El Peruano, a horas de la sesión que trataría la censura al presidente José Jerí.

El proyecto, identificado con el Código Único de Inversiones (CUI) N° 2573425, contempla la «recuperación de la capacidad de control aeroespacial y de precisión en operaciones militares con aeronaves de alto rendimiento«. La intervención se ejecutará en la Base Aérea La Joya Coronel FAP Víctor Maldonado Begazo, situada en el distrito de La Joya, provincia y departamento de Arequipa.

Según lo dispuesto en la norma, los recursos serán incorporados al presupuesto de la Fuerza Aérea del Perú para la adquisición de activos no financieros. En términos de gestión pública, ello comprende la compra o renovación de bienes de capital vinculados al proyecto de inversión.

La transferencia forma parte del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026. Además, financia parcialmente la ejecución del proyecto orientado a restablecer capacidades operativas en la unidad aérea.

Financiamiento se realizará mediante emisión de bonos soberanos

El decreto establece que los recursos provienen de operaciones de endeudamiento interno autorizadas previamente por el Estado. En particular, el financiamiento se sustenta en la emisión de bonos soberanos aprobada en diciembre de 2025. En dólares la cantidasd es de 340 millones.

El Ministerio de Economía y Finanzas emitió opinión favorable tras recibir los informes técnicos y legales del Ministerio de Defensa. Esto permitió habilitar la disponibilidad presupuestaria para el inicio de los desembolsos durante el presente ejercicio fiscal.

Asimismo, la norma dispone que el titular del Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea del Perú deberán desagregar los recursos en un plazo máximo de cinco días. También deberán informar sobre estos movimientos a los organismos del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

El dispositivo legal establece que los fondos no podrán destinarse a fines distintos a los previstos en el proyecto de inversión, bajo responsabilidad. El decreto cuenta con la firma del presidente de la República y de los titulares de los sectores Defensa y Economía.

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