Las organizaciones políticas que participan en las elecciones regionales y municipales 2026 deben presentar ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dos informes que registren gastos, aportes e ingresos de campaña. La sanción por incumplimiento, según la Ley de Organizaciones Políticas, oscila entre 1 y 5 UIT, es decir, de 5 mil 500 soles hasta 27 mil 500 soles, pero solo 15 candidatos han cumplido esta obligación en Arequipa.
El plazo máximo para la primera entrega vence el 11 de septiembre e incluye todo gasto efectuado entre el 7 de enero y el 5 de septiembre. El segundo reporte abarcará desde el 6 de septiembre hasta la fecha en que el JNE declare concluidos los comicios subnacionales.
La gestora de la Oficina Regional de Coordinación de la ONPE en Arequipa, Brenda López, enfatizó que las agrupaciones políticas también deben presentar su informe de gasto de campaña. En esta jurisdicción participan 38 organizaciones políticas, 34 partidos políticos y 4 movimientos regionales.
Por otro lado, los candidatos que fueron declarados con candidatura improcedente o desistieron de su postulación también deben entregar la documentación requerida. En ese sentido, los informes corresponden a aspirantes a gobierno regional, vicegobernadores, alcaldes provinciales y distritales. Sin embargo, tras un cambio normativo en la Ley N.º 32058, ya no rinden cuentas quienes postulan como consejeros regionales o regidores municipales.
Plataforma de entrega y verificación
La especialista precisó que los candidatos pueden presentar la documentación a través de la plataforma Claridad o la mesa de partes virtual. Estos reportes serán publicados a nivel nacional de modo que la ciudadanía pueda acceder a la información.
¨Todos los candidatos que están participando deben presentar estos informes… todos esperan al ultimo día para presentar la información¨ manifestó.
La Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE será la encargada de revisar la información visible de campaña. Además, López precisó que se ejecutarán auditorías para verificar los desembolsos y formular observaciones en caso necesario. De esta manera, se busca evitar que candidatos tergiversen la información presentada.
Los aportes pueden ser en efectivo o en especies, pero estos últimos deben valorarse al precio de mercado y registrarse como ingreso y gasto. Asimismo, todo aporte debe quedar identificado y, si supera el 25 % de una UIT, la norma exige su bancarización.
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