En Arequipa, la brecha entre las denuncias por violencia y los resultados judiciales muestra un escenario crítico para la atención de mujeres y menores afectados. Las cifras difundidas por la Asociación U-Manos revelan un incremento sostenido de casos, mientras que la capacidad institucional para procesarlos continúa limitada. La organización advirtió que este panorama se debe a fallas estructurales que impactan directamente en la protección y reparación de las víctimas. Este análisis surge tras la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer.

Demoras estatales afectan miles de denuncias en Arequipa

La información presentada por la presidenta de U-Manos detalla que, hasta septiembre de 2025, Arequipa registra 11 929 denuncias de violencia, encabezadas por 5 992 casos de violencia psicológica, seguidos por 4 046 de violencia física, 1 846 de violencia sexual y 45 de tipo patrimonial. Sin embargo, pese a la magnitud de estos reportes, el Ministerio Público informó que solo se alcanzaron 899 sentencias condenatorias, lo que representa menos del 10% del total. El contraste alarma por la dificultad del sistema para atender oportunamente los procesos, sobre todo en casos que requieren pericias especializadas.

La Asociación U-Manos también advirtió que la atención a las víctimas enfrenta retrasos que comprometen la continuidad de los procesos. En casos de agresión sexual, las muestras biológicas deben ser enviadas a Lima, lo que puede tardar más de dos meses. A ello se suma que las pericias psicológicas para víctimas de violencia emocional se están programando recién para diciembre, lo que afecta la inmediatez exigida por ley. Para la organización, esta situación obliga a muchas víctimas a desistir o continuar el proceso sin el soporte necesario, lo que incide en la baja proporción de sentencias.

Ante este contexto, U-Manos demandó la implementación urgente del Laboratorio Biológico Forense y la asignación de psicólogos en instituciones educativas de Arequipa, elementos que consideran fundamentales para reforzar la prevención y la respuesta estatal. La organización insistió en que, sin decisiones claras por parte de las autoridades, la región continuará acumulando denuncias sin resultados efectivos, lo que debilita la protección a las víctimas y limita el avance frente a la violencia.

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