La presidenta Dina Boluarte Zegarra intensificó sus ataques contra los medios de comunicación al acusarlos de intentar un «golpe de Estado«. Durante la Reunión Multisectorial sobre lluvias e inundaciones, la mandataria señaló que ya comprendió el «modus operandi» de lo que denominó «mala prensa».
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) rechazó con firmeza sus declaraciones. El gremio considera que estas representan el ataque más grave de Boluarte contra el periodismo desde el inicio de su gobierno. Según la ANP, los periodistas tienen el deber de investigar y denunciar posibles actos de corrupción, especialmente cuando involucran a figuras públicas.
Boluarte acusa a la prensa de hostigar a su gobierno, particularmente en relación con el ministro del Interior, Juan José Santivañez. En sus declaraciones, afirmó que los medios ejercen «acoso político» contra su gestión y defendió a su ministro de las críticas. La ANP respondió asegurando que cuestionar a los funcionarios públicos no es acoso, sino parte fundamental del periodismo.
Boluarte acusa a la prensa y apunta contra Cuarto Poder
Las críticas de Boluarte se dirigieron especialmente contra el programa periodístico Cuarto Poder. La mandataria lo mencionó de manera despectiva, cuestionando su cobertura y señalándolo como parte de una estrategia en su contra. También alegó que América Televisión y Canal N propalan información falsa, sin presentar pruebas que respalden su acusación.
Otro aspecto preocupante del caso es la reciente revelación del ministro del Interior. Santivañez aseguró haber accedido previamente al guión de un reportaje de Cuarto Poder que lo mencionaba. La ANP exige que esta situación se aclare con rapidez, ya que podría implicar interferencia en la labor periodística.
Las declaraciones de Boluarte agravan el clima de confrontación con la prensa y refuerzan la percepción de una estrategia para desacreditar a los medios críticos. Acusar a los periodistas de atentar contra el Estado de Derecho representa un grave riesgo para la libertad de expresión en el país.
El conflicto entre el gobierno y la prensa sigue escalando, y las organizaciones defensoras de la libertad de información advierten sobre los riesgos de estas acusaciones. En una democracia, la labor periodística resulta esencial para garantizar la transparencia y el derecho de la ciudadanía a estar informada.