En medio de uno de los casos más sonados de presunta corrupción en Ayacucho, el alcalde provincial de La Mar, Edwin Bladimir Navarro Torres, conocido como “Winko”, rompió su silencio y negó ser el cabecilla de una organización criminal enquistada en su municipio. Lo hizo tras el operativo “Los Camineros del Poder”, que incluyó allanamientos simultáneos en 15 inmuebles en Ayacucho y Lima, donde se buscaban pruebas de un presunto direccionamiento de obras públicas por más de 10 millones de soles.

El burgomaestre sostiene que detrás de las acusaciones hay una intencionalidad política que busca desprestigiar su gestión y frenar futuros proyectos en marcha del ámbito electoral y político.

“No soy ningún corrupto. Las obras están hechas y los papeles están en regla. Han querido manchar mi nombre con un show mediático”, declaró, tras asegurar que se mantuvo en Lima gestionando obras cuando la Fiscalía irrumpió en su vivienda.

El operativo, ejecutado por la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) y la Fiscalía Anticorrupción de Ayacucho, investiga un esquema que habría manipulado bases y valores referenciales de licitaciones públicas para favorecer a empresas vinculadas al entorno del alcalde. Entre los implicados figuran funcionarios municipales, empresarios y allegados personales, según la carpeta fiscal. La hipótesis sostiene que el poder municipal se utilizó como maquinaria para obtener beneficios económicos bajo el discurso del desarrollo local.

Navarro, sin embargo, insiste en que las obras ejecutadas fueron supervisadas técnicamente y financiadas con transparencia. “Los 13 millones de soles están en las carreteras, no en bolsillos. Todo se hizo conforme a norma, con profesionales y bajo control del Ministerio de Economía y Finanzas”, afirmó. El alcalde también recordó que en 2024 ya fue inspeccionado por la Fiscalía sin que se hallaran irregularidades, lo que —según dijo— evidencia un “patrón de persecución”.

El caso ha generado una fuerte división en la provincia de La Mar. Mientras un sector de la población exige su suspensión inmediata y la intervención del Ministerio del Interior, otros vecinos respaldan su versión y acusan un manejo político del proceso judicial.

El caso ha despertado atención nacional en un contexto donde la corrupción municipal se ha convertido en un problema estructural. Según cifras de la Contraloría General de la República, más de 600 alcaldes y funcionarios locales fueron investigados por delitos de corrupción entre 2023 y 2024, lo que representa un incremento del 20 % respecto al año anterior. En regiones como Cusco, Puno, Junín y Ayacucho, las investigaciones fiscales por colusión y peculado son las más frecuentes, evidenciando una vulnerabilidad institucional que afecta la ejecución de obras y la confianza ciudadana.

Por último, Navarro ha anunciado que colaborará con todas las investigaciones y que no tiene previsto renunciar al cargo mientras no existan pruebas en su contra. Sostiene que los proyectos cuestionados fueron ejecutados conforme a ley y que pondrá a disposición de la Fiscalía toda la documentación que lo respalde.

“Estoy tranquilo. Confío en que la verdad saldrá a la luz y que esto se esclarecerá pronto”, afirmó.Desde la Fiscalía, en cambio, se informó que las diligencias continuarán y podrían ampliarse a más funcionarios municipales

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