El debate sobre la minería informal en el Perú ha resurgido con fuerza tras el reciente anuncio del gobierno de Dina Boluarte sobre una nueva estrategia para combatir esta actividad. Mientras el Ejecutivo insiste en los graves daños económicos, ambientales y sociales que genera la minería ilegal, los sectores vinculados a la pequeña minería y la minería artesanal denuncian una política de criminalización que, protege los intereses de las grandes empresas transnacionales.

Este artículo profundiza en el debate, incorporando no solo la crítica de un exdirigente de los mineros artesanales de Sandia y Carabaya, sino también las demandas concretas de la Federación Regional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal de Puno, que reclama formalización en lugar de represión.

La postura del gobierno: «No pactamos con la ilegalidad»

En un mensaje televisado desde Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte alertó que el Perú ha dejado de percibir S/ 7500 millones debido a la minería ilegal, recursos que —según detalló— podrían haber financiado obras prioritarias para el país: 1500 escuelas rurales, 750 centros de salud, 375 comisarías y más de 5000 puentes, entre otros.

La mandataria convocó a una mesa de trabajo multisectorial con representantes del Congreso, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y gremios mineros para diseñar una ley que combata este flagelo.

«El gobierno no pacta con la ilegalidad», afirmó, rechazando los recientes actos de violencia protagonizados por mineros informales en Arequipa y otras regiones.

Boluarte también denunció los efectos colaterales de esta actividad: destrucción ambiental, explotación laboral y trata de personas.

«Hemos restablecido el orden interno, y no permitiremos que el caos se imponga como en diciembre del 2022», sostuvo, en alusión a las protestas que dejaron decenas de muertos durante su gestión.

El mensaje fue respaldado por el gabinete ministerial en pleno, incluidos los titulares de Defensa, Interior y Energía y Minas, quienes insistieron en que la formalización —no la represión— es el camino. Sin embargo, el gobierno dejó claro que no tolerará más bloqueos ni vandalismo.

La réplica de los pequeños mineros: «El gobierno defiende a las grandes mineras»

Un exdirigente de los mineros artesanales de Sandia y Carabaya, —quien pidió reserva de su identidad por temor a represalias— acusó a Boluarte de servir a los intereses de Minsur, Yanacocha, Quellaveco, Las Bambas y otras corporaciones mineras.

«Su narrativa de ilegalidad es una excusa para perseguir al pequeño minero», afirmó en diálogo con este medio.

Según el ex dirigente, la minería artesanal sostiene a más de dos millones de peruanos, y el Estado, en lugar de facilitar su formalización, los reprime con balas y criminalización.

«Ya hay tres mineros asesinados. El mensaje es claro: si no te sometes a las transnacionales, serás eliminado», denunció.

El entrevistado también cuestionó la legitimidad moral del gobierno: «Boluarte llegó al poder por una traición, su régimen está manchado de sangre y corrupción, y el Poder Judicial le garantiza impunidad a las mineras».

Para el exdirigente, la gran minería saquea los recursos naturales con complicidad del Estado.

«El gobierno habla de combatir la ilegalidad, pero no ofrece soluciones reales. En lugar de balas, deberían darnos herramientas para formalizarnos», agregó.

Pero la crítica no viene solo del ex dirigente. José Coa Luna, presidente de la Federación Regional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal de Puno, en declaraciones a Pachamama Radio, defendió el derecho al trabajo de miles de pequeños mineros:

«La Constitución nos ampara. Cumplimos con las normas y solo pedimos condiciones justas para trabajar. No somos delincuentes, somos mineros que alimentamos a nuestras familias».

Coa Luna detalló los dos ejes de su lucha:

Ampliación del proceso de formalización hasta diciembre de 2025, para que más mineros puedan regularizarse.

Aprobación de la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal, que garantice derechos laborales y acceso a mercados formales.

Cifras versus realidades sociales

Mientras el gobierno enfatiza las pérdidas fiscales (S/ 7500 millones evadidos), el ex dirigente de los mineros artesanales replica que la gran minería tampoco paga impuestos justos, gracias a exoneraciones y vacíos legales. Un ejemplo: en 2023, según la Sunat, solo el 30% de las utilidades mineras se declararon.

En cuanto al daño ambiental, el Estado insiste en que la minería informal contamina ríos con mercurio, pero el ex dirigente recuerda que proyectos como Minsur, Southern, Conga, Bambas  también han sido denunciados por devastar ecosistemas.

Sobre la violencia, el gobierno justifica el uso de la fuerza para «evitar otro diciembre del 2022», pero el exdirigente responde: «¿Por qué no hubo misma firmeza con los bloqueos de Las Bambas?».

¿Hay salida?

El desafío es complejo. El Estado debe combatir la ilegalidad sin ahogar a los mineros artesanales, mientras las comunidades exigen políticas de formalización reales, no discursos. La mesa de trabajo anunciada por Boluarte será clave, pero su éxito dependerá de si escucha a todos los actores… o solo a los poderosos.

Mientras tanto, el debate sigue abierto: ¿Es esta una lucha por el desarrollo o una guerra económica disfrazada de legalidad?

Lea la nota original aquí o visita el medio El Objetivo