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Carabaya: San Gabán radicaliza protestas contra hidroeléctrica

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La ausencia del gerente general Daniel Javier Camac Gutiérrez en una reunión desató la furia de los pobladores del distrito de San Gabán en la provincia de Carabaya este último fin de semana, quienes expulsaron a cinco representantes de Hidro Global SAC Perú y ejecutaron un paro preventivo inmediato. Los habitantes del distrito carabayino esperaron infructuosamente al máximo responsable de la Hidroeléctrica San Gabán III para dialogar sobre compromisos incumplidos durante años.

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Las rondas campesinas habían convocado específicamente al gerente general, pero la empresa envió funcionarios de menor rango como Daniel Segovia, René Quispe, Edilberto Palomino, Rolando Oré y Sara Villanueva. Los asistentes consideraron esta decisión como una burla institucional, argumentando que estos representantes carecían de capacidad real para resolver los temas pendientes del marco convenio firmado.

La población organizó la expulsión inmediata de los funcionarios durante la propia reunión, al constatar que no tenían autoridad decisoria sobre las demandas comunitarias. Este rechazo directo evidenció el hartazgo acumulado por años de negociaciones infructuosas con la empresa operadora, que había prometido «diálogo abierto y constructivo en el marco del respeto mutuo» según documento previo.

Los dirigentes comunales confirmaron una nueva jornada de protesta este miércoles 23 frente a las instalaciones de Sangari, advirtiendo sobre la radicalización de las medidas si persiste la actitud evasiva empresarial. Las rondas campesinas, sociedad civil y autoridades locales rechazaron categóricamente la propuesta de enviar una comisión a Lima para dialogar con la gerencia.

La propuesta de trasladar las negociaciones a la capital fue interpretada como otra maniobra dilatoria por parte de Hidro Global SAC Perú, intensificando el malestar popular que exige soluciones inmediatas en territorio local. Los pobladores reiteraron que el diálogo debe realizarse en San Gabán con presencia obligatoria del gerente general, descartando cualquier intermediación a distancia.

Los dirigentes comunales emitieron un ultimátum directo a la empresa: «La población está dispuesta al diálogo, pero con respeto y seriedad, no más burlas, exigimos que el gerente venga a escucharnos en persona». Esta declaración resume la posición inflexible de una comunidad que amenaza con intensificar sus protestas hasta obtener respuestas concretas sobre los compromisos pendientes.

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