Los ocho militares investigados por el presunto delito de homicidio calificado en agravio de cinco civiles, quienes fueron acribillados en una camioneta en Colcabamba (Huancavelica) el pasado 25 de abril, podrían pedir acogerse a la reciente ley aprobada por el Congreso para ser procesados por la justicia militar, en un intento de evadir ejemplares sanciones penales, advirtieron el abogado de las víctimas y otros especialistas en derechos humanos.
«Es altamente probable que eso ocurra», expresó el abogado Carlos Rivera Paz, un letrado conocido por la defensa de las víctimas de los emblemáticos casos La Cantuta y Barros Altos, ocurridos en 1992, en el gobierno de Alberto Fujimori. De similar opinión es el abogado Juan José Quispe, representante de las víctimas de Pichanaqui, durante las protestas contra Dina Boluarte en diciembre de 2022.
Es más, poco antes de que el Congreso aprobara en segunda votación la ley para que los delitos «de función», cometidos por militares y policías, sean vistos exclusivamente en el fuero militar-policial, los abogados de los militares del caso Colcabamba dejaron abierta la posibilidad de acogerse a esta norma.
«Este caso seguramente lo van a querer llevar [a la justicia militar]. Es más, los abogados en audiencia lo mencionaron», dijo a Huanca Yoek Times, Antony Crespo, abogado de las víctimas de Colcabamba.
«Pero», añadió, «acá hay graves vulneraciones a los derechos humanos y nuestra Constitución y la Corte Interamericana de Derechos Humanos indican que cuando estamos ante presuntas violaciones de derechos humanos por parte del Estado, en este caso por militares y policías, lo que corresponde es que se resuelva en el fuero civil y no en el militar», sostuvo.
12 meses de prisión preventiva
El último sábado, los ocho militares de la Compañía Especial de Comandos Pachacútec n.º 31, investigados por la muerte de cinco jóvenes y las lesiones sufridas por otros dos durante un operativo realizado el pasado 25 de abril en Colcabamba, fueron internados en el penal de Huaman Caca Chico, para que cumplan 12 meses de prisión preventiva, dictado por el Juzgado de Pampas, en Tayacaja.
Los investigados son el capitán Luis Montenegro Pardo, el teniente Brayan Fernández Dett y los suboficiales Douglas Villacorta Saboya, Hedilberto Marcos Guerra, Andy Sánchez Ríos, Jorge Aguilar García, Américo Vásquez Rojas y Fernando Córdova Mariano.
Ley de impunidad
En una legislatura ampliada, este martes el Congreso aprobó en segunda votación la ley que traslada al fuero militar-policial el juzgamiento de los delitos de función cometidos por policías y militares y excluye estos casos de la justicia ordinaria, lo que críticos consideran una medida que abre la puerta a la impunidad en investigaciones por uso de la fuerza del Estado y de violaciones de derechos humanos.
La decisión se tomó con 52 votos a favor en el Pleno. La norma modifica el Código Penal Militar Policial y el Nuevo Código Procesal Penal y establece que los delitos de función de policías y militares serán conocidos por la jurisdicción militar-policial, lo que reduce la intervención de la justicia ordinaria.
La norma aprobada dispone también que procesos en trámite en la justicia ordinaria pasen a la jurisdicción militar-policial, lo que incluye casos que ya se encuentran en investigación o en instancias del Poder Judicial, incluso en la Corte Suprema.
Esta ley, aún no vigente porque falta su promulgación, puede afectar también los casos en giro relacionados con las protestas sociales contra Dina Boluarte, entre diciembre del 2022 y marzo de 2023, que dejaron 49 personas muertas por impactos de armas de fuego utilizadas por el Ejército o la Policía.
Uno de esos casos es el de Pichanaqui, donde murieron tres personas el 16 de diciembre de 2022.
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