La primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Justicia de Ucayali declaró nula la sentencia en primera instancia del caso Saweto, que impuso 28 años y 3 meses de prisión efectiva a los empresarios madereros Hugo Soria Flores y José Estrada Huayta, como autores intelectuales del asesinato de cuatro líderes indígenas asháninka, en 2014.

La nulidad de sentencia se extiende a los trabajadores Euricio Mapes Gómez y a los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix, identificados como autores materiales. La decisión judicial, que se dio a conocer este martes 29 de agosto en una audiencia pública, ordena, además, la realización de un nuevo juicio oral en primera instancia, con otro Colegiado; y al pago de S/ 200 000 por concepto de reparación civil a los deudos.

La primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Justicia de Ucayali está a cargo de los jueces Hermógenes Lima Chayña, Federik Rivera Berrospi y Jonatan Basagoitia.

Nueve años sin justicia para el pueblo asháninka

Los sentenciados habían sido condenados en primera instancia el 27 de febrero de 2023, por el delito de homicidio calificado con alevosía cometido el 1 de septiembre de 2014 en contra de los dirigentes asháninka Edwin Chota Valera, Leoncio Quintisima Meléndez, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo Ramírez.

Los asesinatos ocurrieron cerca de la comunidad nativa Alto Tamaya Saweto, ubicada en el distrito Masisea, provincia Coronel Portillo, en Ucayali. Desde el 2008, ellos denunciaban la explotación ilegal y tráfico de madera en sus territorios.

Chota denunció ese año ante la Administración Técnica Forestal de Pucallpa, que una mafia de traficantes de madera operaba en su comunidad. Acusaba como taladores ilegales a Euricio Mapes Gómez y los hermanos Atachi Félix. Dicha denuncia pasó a la Fiscal del Medio Ambiente (Fema) Ucayali, pero fue archivada por falta de pruebas.

Durante seis años, los líderes de Alto Tamaya Saweto reclamaron a las autoridades del Gobierno Regional Ucayali la titulación de su territorio ancestral y demandaron al Ministerio Público y a la Policía Nacional intervenir en la comunidad para confirmar la deforestación de los bosques que causaban los madereros. Sus reclamos no fueron escuchados. Recién obtuvieron la titulación de 76 800 hectáreas de bosque en 2015, un año después del homicidio de los cuatro dirigentes.  

Reacciones a la decisión judicial

Lina Ruiz Santillán, hija de Francisco Pinedo Ramírez, uno de los defensores asesinados, señaló que seguirán luchando por justicia y denunció que continúan las amenazas por parte de los madereros en esta zona.

«Nuestro padre que murió luchando por nuestros bosques, por nuestro futuro y ahora no podemos estar tranquilos, no podemos volver a la comunidad porque los madereros nos tienen amenazados. No nos vamos a quedar tranquilas con esta nulidad del juez, vamos a seguir luchando porque no se van a reír de nuestros muertos», declaró.

Desde sus redes sociales, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) expresó su rechazo al fallo y señaló que “con esta decisión, las familias y la comunidad de los cuatro líderes indígenas, Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintismina y Francisco Pinedo, siguen sin conseguir justicia”.

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