El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), en coordinación con agentes de la Dirección contra la Corrupción, realizó un allanamiento simultáneo en las oficinas de la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM- Ayacucho) y en la vivienda de Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la presidenta Dina Boluarte.  

La diligencia, que se extendió por más de ocho horas, forma parte de una investigación fiscal por presunto favorecimiento irregular en la obtención de arraigo laboral. Según la hipótesis del Ministerio Público, Boluarte habría consignado a la DREM como su centro de arraigo laboral con el objetivo de evitar una eventual prisión preventiva, en el marco de una investigación por corrupción. 

Las autoridades buscan determinar si existen documentos que sustenten efectivamente ese vínculo laboral y si hubo alguna gestión irregular desde la entidad regional para facilitar dicha acreditación. En la investigación también figura el actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, a quien la fiscalía sindica como presunto líder de una red criminal que habría operado desde altos niveles del Estado para favorecer intereses privados a cambio de beneficios económicos y laborales. De acuerdo con la tesis fiscal, Santiváñez, en su calidad de exministro del Interior, utilizó su influencia para facilitar la recuperación de terrenos de la empresa “Minas El Dorado S.A.”, con el apoyo del abogado Percy Tenorio. A cambio, se habría exigido no solo dinero, sino también que la empresa extienda arraigos laborales ficticios a favor de Nicanor Boluarte. 

La fiscalía afirmó que Boluarte se reunió al menos siete veces entre enero y febrero de 2025 con presuntos operadores de esta red en una oficina del Centro Empresarial de San Isidro. Entre ellos figuran Marco Antonio Palacios Meza, socio fundador del Estudio Santiváñez, y Franco Parodi Gianella, propietario de la minera El Dorado. En dichas reuniones, se habría coordinado la supuesta “creación” de arraigos laborales falsos para presentar a Boluarte como consultor de la empresa.

SE PRONUNCIAN

Frente a estas acusaciones, el Gobierno Regional de Ayacucho emitió un comunicado en el que rechaza “categóricamente” cualquier presunto favorecimiento desde la DREM a alguna empresa minera. La entidad aseguró que cumple rigurosamente con la normativa vigente en materia de fiscalización minera y salud ocupacional, y reiteró su disposición a colaborar con las investigaciones.

“Expresamos nuestra plena disposición para colaborar en todo lo que contribuya al pronto esclarecimiento de los hechos”, se lee en el comunicado.

La investigación fiscal continúa su curso mientras se espera el análisis del material incautado durante las diligencias, que podrían determinar si existió uso indebido de funciones públicas para encubrir o favorecer a allegados del entorno presidencial.  La diligencia se prolongó por varias horas en el local del ex Agallas de Oro y el fiscal encargado del caso no quiso brindar mayores detalles. Durante este lapso las autoridades recogieron toda la información y en cajas retiraron la documentación como parte de la investigación.

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