Hay decisiones que buscan enviar un mensaje antes que resolver un problema. Y hay otras que, al menos en el papel, intentan recuperar un principio erosionado: el de la autoridad. Esta semana, el Estado peruano volvió a utilizar Challapalca, el penal del frío extremo y el aislamiento, como destino final para aquello que considera más peligroso dentro de su propio sistema.
Por disposición del presidente de la República, José Jerí Oré, el presidente del INPE, Iván Paredes, encabezó el traslado de 100 internos de alta peligrosidad desde distintos penales de Lima y Callao hacia el Establecimiento Penitenciario de Challapalca, en Tacna. El operativo fue liderado junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, bajo estrictas medidas de seguridad.
No se trató de cualquier población penitenciaria. Los reos trasladados están sentenciados o procesados por delitos de organización criminal, sicariato, homicidio y robo agravado, y provienen de cinco establecimientos: Lurigancho (29), Ancón I (22), Miguel Castro Castro (20), Callao (22) y Huaral (7). Nombres distintos, delitos diversos, una sola constante: alto riesgo.
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El castigo del aislamiento
El traslado responde —según el discurso oficial— a criterios de seguridad penitenciaria, disciplina interna y prevención de delitos de alto impacto. En otras palabras, separar, aislar y enfriar. Challapalca no es solo una cárcel: es una advertencia. Altura, clima hostil y control severo como forma de disuasión.
Durante el operativo, el ministro Martínez fue enfático:
“Las cárceles nunca más serán centros de aprendizaje de delincuentes”.
La frase busca romper con una verdad incómoda que el país conoce desde hace décadas: muchas prisiones funcionan como universidades del crimen, donde se planifican extorsiones, sicariatos y economías ilegales con sorprendente eficiencia.
Este es, según el Ejecutivo, el primer traslado masivo de internos de alta peligrosidad en el año, y el inicio de un proceso más amplio de reclasificación penitenciaria a nivel nacional, dentro de la estrategia gubernamental contra el crimen organizado.
El símbolo y la duda
El presidente del INPE, Iván Paredes, confirmó que los internos pertenecen a diversas organizaciones criminales, y que el operativo se ejecutó con protocolos reforzados. La escena es conocida: convoyes, uniformes, cámaras, comunicados oficiales. El Estado mostrándose firme.
Pero la pregunta persiste, inevitable y necesaria:
¿basta con trasladar a los más peligrosos para desmontar el poder criminal que se teje dentro y fuera de las cárceles?
Challapalca vuelve a ser el destino final de los indeseables. El frío los espera.
La verdadera prueba, sin embargo, no está en Challapalca, sino en si las cárceles del país dejarán de ser, de una vez por todas, el corazón operativo del crimen organizado.
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