La aprobación del dictamen que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú ha generado debate no solo por la conformación de este nuevo gremio, sino por una disposición incorporada en el texto final que podría tener efectos en el caso de Delia Espinoza, actual decana del Colegio de Abogados de Lima.

La norma, aprobada por el pleno del Congreso con 83 votos a favor, cuatro en contra y una abstención, establece que las personas inhabilitadas para ejercer función pública no podrán integrar la comisión organizadora ni ocupar cargos en los órganos de gobierno de los colegios profesionales. Este punto ha sido cuestionado por su posible aplicación en situaciones vigentes.

En ese contexto, el caso de Espinoza ha sido mencionado debido a que fue inhabilitada por el Congreso para ejercer función pública, situación que ella ha rechazado y calificado como parte de una persecución en su contra. Actualmente, se desempeña como decana del Colegio de Abogados de Lima, cargo al que accedió mediante elección interna.

Desde el ámbito político, algunas parlamentarias han señalado que la inclusión de esta cláusula no habría sido debidamente deliberada durante el proceso legislativo. Asimismo, advirtieron que su alcance podría afectar directamente a autoridades en funciones dentro de colegios profesionales.

Por su parte, especialistas en derecho han indicado que los colegios profesionales tienen naturaleza autónoma, por lo que la aplicación de esta disposición podría generar controversias legales, especialmente en relación con autoridades elegidas antes de la eventual entrada en vigencia de la norma.

Además, se han planteado dudas sobre si esta medida podría aplicarse de manera retroactiva o si solo regiría para futuras designaciones dentro de los gremios profesionales, lo que abre un escenario de interpretación jurídica.

El dictamen, cuyo objetivo principal es la creación de un colegio profesional para artistas, quedó expedito para su eventual promulgación tras ser exonerado de segunda votación. No obstante, el debate se mantiene centrado en los alcances de la cláusula incorporada y su posible impacto en casos como el de Delia Espinoza.

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