La comunidad originaria de Ccollpa Ccasahui y el alcalde distrital de Llusco, provincia de Chumbivilcas, en Cusco, denunciaron hoy el asesinato de más de 200 vicuñas por parte de cazadores furtivos que han calificado como una indolente masacre. Los pobladores hallaron los cadáveres de los animales sin su pelaje, que tiene un alto valor comercial en el mercado negro.

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Según las autoridades comunales, ellos alertaron a la policía sobre el hecho, pero no recibieron una respuesta inmediata ni una vigilancia por helicóptero para capturar a los responsables. El alcalde distrital, quien prefirió mantener su nombre en reserva, dijo que el lugar donde ocurrió la masacre es de difícil acceso y que no se sabe con exactitud cuántas vicuñas fueron asesinadas.

Las vicuñas son una especie protegida por el Estado peruano y considerada patrimonio natural de la Nación. Estos animales viven en las zonas altoandinas y se alimentan de pastos naturales. Su pelaje es muy fino y suave, y se utiliza para elaborar prendas de vestir de alta calidad.

Masacre de vicuñas

Las autoridades comunales expresaron su indignación y dolor por lo ocurrido, y señalaron que estos atentados se repiten cada año, pero que esta vez la cantidad de vicuñas muertas superó ampliamente las cifras anteriores. Ellos sospechan que los cazadores furtivos provienen de las regiones de Arequipa y Apurímac, y que cuentan con armas y vehículos para realizar sus operaciones ilícitas.

Entre las demandas de la comunidad originaria de Ccollpa Ccasahui están la mayor vigilancia de la zona por parte de las autoridades competentes y la creación de una reserva nacional de vicuñas, ya que el territorio es extenso y alberga a muchas vicuñas, así como a otras especies de flora y fauna silvestre.

El Ministerio del Ambiente y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) ha expresado su rechazo frente a este lamentable hecho, que pone en riesgo la conservación y el aprovechamiento sostenible de las vicuñas en el Perú. Asimismo han recogido evidencia de la existencia de balas en el cuerpo de los cadáveres que remitirán al Ministerio Público para las acciones penales.