La congresista María de los Milagros Jackeline Jáuregui Martínez, junto a Alejandro Muñante y la bancada de Renovación Popular, presentó el proyecto de ley 10342 que elimina el feminicidio del Código Penal y lo reemplaza por «asesinato de pareja»; la abogada especialista en género Beatriz May Ling Ramírez Huaroto calificó la iniciativa de retroceso grave para las mujeres en el Perú.

La propuesta excluiría casos emblemáticos como el de Eyvi Ágreda, quemada viva en un bus por un conocido del trabajo, y el de Sheila Condor, asesinada por alguien que la conocía apenas, porque ninguno de los agresores era pareja formal de las víctimas.

Jáuregui Martínez argumenta que la tipificación «viola el principio de igualdad ante la ley por sancionar con mayor ferocidad delitos contra mujeres»; sin embargo, la Asociación de Jueces del Perú respondió que «la igualdad no implica neutralidad frente a realidades desiguales».

Una década de avances legales en riesgo

El delito de feminicidio fue incorporado al Código Penal hace más de quince años para reconocer que las mujeres son asesinadas en contextos de control y posesión; hace ocho años la pena se elevó tras el caso de Eyvi Ágreda, que evidenció la ferocidad de esta violencia diferenciada.

De aprobarse la norma, mujeres asesinadas por familiares, docentes, compañeros de trabajo o desconocidos quedarían fuera de toda protección específica; además, quienes hoy cumplen condena por feminicidio podrían beneficiarse de la reforma y salir en libertad.

Ramírez Huaroto advirtió que la iniciativa favorecería a los ya condenados, pues en derecho penal «la reforma más beneficiosa se aplica a quienes están cumpliendo prisión», revirtiendo años de procesos judiciales que las familias sostuvieron con enorme esfuerzo.

Tratados internacionales y casos que la ley ignoraría

El 34 % de los feminicidios está relacionado a celos, el 24,6 % tiene antecedentes de violencia familiar y el 8,6 % responde a la negativa de retomar la relación; todos estos móviles discriminatorios dejarían de ser considerados feminicidio bajo la propuesta de Jáuregui Martínez.

«Lo que sancionamos hoy es el móvil discriminatorio, te mato como castigo final por no ser la mujer que debías ser», explicó Ramírez Huaroto, señalando que la reforma protegería un modelo rígido de familia en lugar de sancionar la discriminación que subyace al crimen.

Organizaciones civiles y la Asociación de Familiares Víctimas de Feminicidio exigen que el proyecto no avance; de aprobarse, el Perú violaría además la Convención de Belém do Pará y los compromisos internacionales asumidos para prevenir y sancionar la violencia de género.

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